Juan Aranda, representante frutihortícola, recordó que para ellos este hecho constituye un crimen y pidió al Ministerio Público que, como tal, los responsables y encubridores deben ser
procesados.
“Hay como 220 casos durmiendo en la Fiscalía”, expresó al tiempo de criticar la falta de acciones concretas por parte de los investigadores.
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Por su parte, Enrique Duarte, vicepresidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), consideró que al ser una problemática que está configurada bajo la figura de delito, se presta para arreglo y salidas procesales.
Representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) acompañan la movilización contra el contrabando.
Apuntó a que se tiene que defender la producción local con leyes más estrictas, ya que este flagelo afecta directamente a la población y genera menos ingreso fiscal para el Estado.
Respeto al contrabando de combustible, que terminó en asesinato en el Departamento de Ñeembucú, refirió que es algo que se arrastra desde hace tiempo y que se encamina a ser un nuevo cartel criminal.
La movilización de hoy tiene como objetivo entregar cuatro petitorios a entes estatales que pueden intervenir desde sus áreas de competencia.
La primera exigencia se dirige a la Dirección Nacional de Aduanas, que a través de sus diferentes puestos de control debe identificar el ingreso ilegal de mercaderías.
Luego entregarán una petición a la Fiscalía, de donde esperan por una investigación confiable.
En tanto que también se enfocarán en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para encarar a los jueces y fiscales con gestiones cuestionables, y, por último, se reunirán en el Congreso Nacional con los senadores José Ledesma y Juan Afara.