La semana pasada, el Juez federal Ariel Lijo decidió desdoblar uno de los expedientes vinculados al caso Ciccone, que investiga la renegociación de la deuda de Formosa con una
consultoría -que se corroboró fue simulada- realizada por The Old Fund, firma del testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, y dueña tiempo después de la imprenta. Lijo decidió que ese cuestionado contrato por más de 7 millones de pesos, por el que está imputado el gobernador Gildo Insfrán, sea investigado en Formosa. Ahora, el fiscal federal Jorge Di Lello apeló esa medida.
Para el fiscal, las imputaciones al ex vicepresidente, sus socios y los funcionarios formoseños refieren a los“mismos hechos”, y todos los acusados ya fueron “indagados sin resolver aún su situación procesal“. Así, pidió que el magistrado se quede con la totalidad del expediente.
Lijo había aceptado un reclamo de la defensa de Insfrán, y resolvió que las autoridades provinciales involucradas sean investigadas por la justicia formoseña, en tanto él continuará a cargo de las imputaciones contra Boudou, José María Núñez Carmona y Vandenbroele. Con la apelación de Di Lello, será la Cámara Federal porteña la que resuelva si el expediente queda completamente radicado en Comodoro Py o si se desdobla.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, votando el 27 de octubre pasado. Ese día fue reelecto por séptima vez. Foto Télam.
La causa investiga la maniobra por la cual Boudou, mientras era ministro de Economía, y José María Núñez Carmona, su socio y amigo personal, a través de la firma The Old Fund, y de su representante Alejandro Vandenbroele, “habrían realizado un contrato de consultoría, de forma irregular y en violación a la ley provincial 1.180, con el Fondo Fiduciario de la Provincia de Formosa (FON.FI.PRO), administrado por Jorge Ubaldo Melchor”.
Durante la instrucción se determinó que se “simuló un asesoramiento para la reestructuración de la deuda pública de Formosa; deuda que ya había sido negociada y su convenio firmado entre el anterior Ministro de Economía de la Nación, Carlos Fernández, y el Gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, más de dos meses antes de que Amado Boudou asumiera a cargo de dicha cartera”. El objetivo, según determinó Lijo, fue el “cobro espurio de dinero perteneciente a fondos públicos de la provincia de Formosa”.
Lijo había indagado a Insfrán en noviembre de 2017, hace casi tres años. En este punto, entre otros, se basó el fiscal para sostener que la causa debe continuar en Comodoro Py. “A lo largo del proceso se ha entendido que los imputados habían participado de una maniobra que resultaba antecedente” del caso Ciccone, destacó.
El expediente sostiene que luego de asumir como ministro, Boudou firmó junto con Insfrán una adenda al convenio previamente rubricado por Cristina Kirchner, a través de la cual “se estipuló que la reestructuración de la deuda provincial no sólo incluyera al capital (como había sido pactado) sino también a los intereses, incrementando el valor del bono a emitir a la suma de 312.941.277,63 pesos; lo que permitió que The Old Fund cobre 7.667.161 pesos por un asesoramiento que nunca brindó”.
Tanto el gobernador Insfrán como la entonces Ministra de Economía de Formosa, Inés Lotto de Vecchietti, “intervinieron en diversos actos administrativos de sus competencias tendientes a dotar de legalidad tanto la contratación de The Old Fund en la maniobra de asesoramiento simulado para la reestructuración de la referida deuda pública, como la disposición de fondos de la provincia de Formosa a través de FON.FI.PRO (administrado por Jorge Melchor)”, expresó Lijo.
El juez federal Ariel Lijo, en un acto de la Corte hace dos años. Foto archivo Clarín.
Así, según la investigación, los involucrados “obtuvieron un “beneficio económico ilegítimo,de 7.667.161 pesos, acreditado en una cuenta bancaria de la firma The Old Fund. Con parte de ese dinero se compró moneda extranjera y se retiró en efectivo por ventanilla en dos oportunidades. Además, se realizó una transferencia bancaria por 2.265.120 pesos a la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación, perteneciente a Martín Cortés, quien, posteriormente, a partir de noviembre de ese mismo año, fue nombrado presidente del Banco de Formosa y obtuvo acciones de esa entidad”.
Lo que se puso en discusión fue la competencia del juzgado para investigar a los funcionarios de la provincia de Formosa. Aunque desde hace años conduce la investigación en Buenos Aires, ahora el juez Lijo indicó que los actos de Inés Lotto de Vecchitti y Jorge Melchor cuestionados “refieren al ejercicio de sus cargos durante la vigencia de períodos constitucionales regulares” en Formosa, y allí deben investigarse.
Pero el fiscal Di Lello remarcó que las imputaciones sobre todos los involucrados “refieren al mismo hecho con diferentes acciones realizadas por cada partícipe y en igual sentido se observa que las imputaciones” realizadas a los acusados, que eran ex funcionarios del gobierno formoseño como a los que ocupaban un cargo a nivel nacional.
El representante del Ministerio Público Fiscal entendió que resulta “jurídicamente incongruente a estas alturas del proceso luego de indagados los imputados y sin habérsele resuelto su situación procesal, disponer una división de las participaciones que se les atribuyen cuando claramente el hecho es único”.
CS
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