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El juez del concurso de Vicentin ordenó que se nombren dos nuevos veedores

Redacción TN by Redacción TN
13 agosto, 2020
in Politica
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Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, pero no se logró llegar a un acuerdo. La última propuesta del gobernador <strong>Omar Perotti </strong>era constituir un fideicomiso, pero en la última reunión también fracasó este camino como prenda de acuerdo.</p> <p> La intención de Perotti, que respaldaba el presidente Fernández, era la de crear esta figura fiduciaria con participación estatal y remover a los integrantes del directorio de la empresa. Esto no fue aceptado.</p> <p> Para el Directorio, la modalidad propuesta por la Provincia ” equivaldr=”” a=”” consentir=”” una=”” expropiaci=”” sin=”” precio=”” indemnizatorio=”” con=”” la=”” esperanza=”” de=”” rogar=”” que=”” las=”” gestiones=”” los=”” representantes=”” oficiales=”” efectivamente=”” sean=”” fruct=”” parad=”” incluso=”” va=”” bastante=”” m=”” all=”” lo=”” planteado=”” por=”” provincia=”” en=”” el=”” incidente=”” judicial=”” protagoniza=”” inspecci=”” justicia=”” pidiendo=”” intervenci=”” sociedad=”” concursada=”” p=”” readability=”43″>

La planta de Vicentin en la Localidad de San Lorenzo. Foto Juan José García.

La planta de Vicentin en la Localidad de San Lorenzo. Foto Juan José García.

Así, la discusión aún en sede judicial es el pedido de la Provincia para que se intervenga al Grupo Vicentin y se desplace, nuevamente al directorio como administrador de la compañía.

El de Vicentin es un concurso de grandes dimensiones, por un lado por la envergadura de la compañía que aún en proceso de concurso valdría unos U$S 700 millones, pero además por el reconocimiento de 1.287 empleados. El Grupo en el marco del concurso que desde el 10 de marzo lleva el juez Fabián Lorenzini, admitió 2.638 acreedores, por una deuda de $ 99.345,26 millones.

El juez en lo Civil y Comercial señaló en una resolución que este proceso concursal “presenta dimensiones extraordinarias, tanto por la magnitud del pasivo denunciado, como por su complejidad contractual, financiera y comercial de su actividad”.

Fue por tales motivos, que consideró necesario constituir un Comité Provisorio de Control que “pudiera articularse eficazmente, como un verdadero órgano concursal , se propició en todo momento su constitución, con la representación de los acreedores y los trabajadores de la sociedad concursada”.

A estas alturas y a doce días que concluya el proceso de verificación de créditos, el magistrado señaló que ante la generación de una importante cantidad de información de relevancia (con diverso grado de complejidad técnica) “cuyo análisis, procesamiento y desarrollo futuro, amerita la actuación de expertos que puedan brindarnos adecuados elementos de discernimiento”.

Sergio Nardelli, el CEO de Vicentín que murió de un infarto masivo.

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Por tal motivo, y ante la salida ya oficializada de Delgado y Zarich (quienes habían sido nombrados por Alberto Fernández) el juez Lorenzini expresó que prevalece la necesidad de contar con veedores controladores” toda vez que, el tempestivo análisis y comprensión de dicha información, resulta estratégica para avizorar el estado patrimonial de la concursada, sus negocios y las operaciones comerciales que realiza”.

El problema es que en la lista de peritos de la jurisdicción, se verificó que no se cuenta -señaló el juez-, con expertos en Administración Agroindustrial, Licenciados en Economía, Analistas financieros u otros similares “que puedan contar con una formación adecuada para desarrollar dicha tarea”.

Se le solicitó para cubrir dichos cargos vacantes, que el Comité Provisorio de Vigilancia, en el marco del sus funciones de información y control, que proponga dos “profesionales idóneos para desempeñarse como veedores controladores de los cuales, al menos uno deberá contar con el título de Licenciado en Economía, preferentemente (aunque no excluyente), con experiencia en el rubro comercial e industrial de la concursada”.

Una vez recomendados por el Comité, deberán ser aprobados por el juez Lorenzini quienes les dará el mismo rango que a los veedores controladores salientes, y contarán con un período inicial de 60 días “para el cumplimiento de sus funciones. Todo ello, sin perjuicio de eventuales prórrogas si fuera razonable y necesario”.

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