Denuncian a Alberto Fernández por nombrar al abogado de Cristina Kirchner en la comisión asesora para reformar la Corte

de Kirchner en causas de corrupción, como uno de los miembros del consejo consultivo para reformar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También apuntan contra el rol de León Arslanian, defensor del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray.

La acción penal, a la que tuvo acceso Clarín, lleva la firma de los legisladores nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Héctor Flores, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, y fue presentada horas antes de que la ministra de Justicia, Marcelo Losardo, se presente ante el Senado para comenzar el trámite formal del ambicioso proyecto oficial para reformar la Justicia.

Para los diputados de Elisa Carrió, quien el fin de semana acusó a Beraldi y Arslanian de haberse enriquecido defendiendo corruptos, hay un potencial conflicto de interés en la designación de ambos abogados en el consejo consultivo, aún cuando dicha función sea ad honorem, es decir que no perciban una remuneración por ello.

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Por esa razón, en el denuncia se solicita a la Oficina Anticorrupción que se le requiera a los 11 integrantes de esta junta de juristas notables una declaración jurada de intereses “a efectos de conocer qué clientes tuvieron o que actividades profesionales desarrollaron en el último tiempo, a efecto de dilucidar posibles conflictos de interés”.

Esa medida apunta directamente a conocer el lista de clientes que han tenido tanto Beraldi como Arslanian en los últimos ocho años. Sin embargo aseguran que no buscan, con esta presentación penal, “debatir ni cuestionar las calidades profesionales, méritos académicos o antecedentes laborales, que puedan poseer u ostentar el Dr. Beraldi o el Dr. Arslanian”.

“Pero lo cierto es que, actualmente, el primero se encuentra representando como abogado, en diversas causas judiciales, a la Vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner y el segundo se encuentra representando al ex titular de la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP), Ricardo Etchegaray”, esgrimen.

La denuncia contiene también críticas contra las palabras que utilizó Losardo al defender la presencia de Beraldi en la comisión. “La Ministra, al igual que el Presidente de la Nación, parecen pretender desconocer la normativa vigente y la interpretación que se ha hecho de la misma”, señalan.

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Y agregan: “En efecto, no se trata de impugnar las ideas que los integrantes de dicha comisión puedan tener sobre un tema, sino que por el contrario se trata de evitar que intereses particulares – en el caso del Dr. Beraldi la defensa de la Vicepresidenta de la Nación, por ejemplo, y en el caso del Dr. Arslanian, de Ricardo Etchegaray- colisionen con intereses públicos”.

Puntualmente la presentación penal da cuenta de los seis recursos que Beraldi presentó ante la propia Corte Suprema de Justicia en nombres de Cristina Kirchner, de los cuales informó Clarín. Esa situación, esgrimen, es señal de que “tendrá́ un interés directo en lo que suceda en ese tribunal”.

Los diputados de la Coalición Cívica marcan que tanto Beraldi como Arslanian asesorarían al Presidente en torno a varios tópicos que podrían beneficiar a la vicepresidenta y a Ricardo Echegaray en los procesos judiciales en que ambos, como “abogados particulares remunerados”, intervienen.

“Ello sin perjuicio de otros funcionarios del actual gobierno, o ex funcionarios del gobierno de la actual Vicepresidenta de la Nación, que pudieran ser clientes de los nombrados, en virtud de que de los aquí́ expresados, son de dominio público”, marcan y acusan a Alberto Fernández de violar la normativa vigente y la interpretación de la OA y la Procuración del Tesoro en torno al conflicto de intereses.

“Desconocemos las razones por las cuales el Dr. Fernández decidió́ elegir, entre todos los abogados especialistas, con trayectoria académica y profesional, elegir justo dos personas que representan en juicios penales nada menos que a la Vicepresidenta de la Nación, en un caso, y a un ex altísimo funcionario del gobierno de la actual Vicepresidenta. Lo que no desconocemos, y el tampoco podía desconocer, era que tales elecciones estaban vedadas por el marco normativo vigente”, cuestionan en la denuncia.

Y también involucran al propio Presidente en el asunto, ya no en su rol de Jefe de Estado, sino por su tarea de consultor en la empresa de Cristóbal López. ¿Por qué? Para la CC-ARI, si Alberto Fernández nombra a Arslanian, más allá de sus pergaminos jurídicos, no está haciendo más que designar al defensor de Ricardo Echegaray, ex titular de la AFIP, que está “investigado y procesado por beneficiar a la empresa Oil Combustibles, propiedad del Grupo Indalo”, que es propiedad de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, para los que Fernández trabajó.

“Casualidad o no, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue asesor o consultor, del mismo grupo empresario, y acaba de enviar una ley al Congreso de la Nación que beneficia puntual y extraordinariamente a dicho grupo empresario”, sostienen en torno a la moratoria fiscal que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados el viernes pasado.

“De modo que los conflictos de interés no sólo no podían ser desconocidos por el Dr. Alberto Fernández –máxime por su carácter, por él siempre resalto, de profesor de derecho penal en la Universidad de Buenos Aires– y la invitación efectuada a los Dres. Beraldi y Arslanian, se subsume, por estas razones, en el tipo penal de abuso de autoridad”, concluyen.