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“Después de 150 días, ningún decreto nos puede decir lo que tenemos que hacer”, el desafío de un municipio bonaerense

Redacción TN by Redacción TN
4 agosto, 2020
in Sociedad
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Luego de que el Gobierno nacional oficializara la extensión de la cuarentena hasta el 16 de agosto y prohibiera las reuniones sociales para combatir el avance del coronavirus​, desde

el municipio de Tandil se rebelaron. El jefe de Gabinete de ese distrito, Oscar Teruggi, cruzó al Ejecutivo nacional y advirtió: “Después de 150 días, ningún decreto nos puede decir lo que tenemos que hacer”. 

Sus declaraciones, realizadas al canal Eco TV, despertaron polémica. El distrito se encuentra a 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y está en la fase 5 de la cuarentena, por lo que el funcionario radical consideró que las restricciones serán las mismas que hasta ahora y que las actividades habilitadas seguirán operando de igual manera. 

Teruggi consideró que es “un poco extraño” la implementación de esa medida, dada la diversidad de situaciones que atraviesan las distintas ciudades del país.

“Apelamos a la responsabilidad individual, sobre todo por la situación sanitaria que tenemos en la ciudad. Nos hemos venido comportando muy bien y de acuerdo a lo que indican los profesionales no tenemos circulación interna del virus“, resaltó.

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Desde el Municipio habían decidido exhortar a los vecinos a que cumplan con la normativa de las reuniones sociales de hasta 10 personas, respetando las distancias, pero sin prohibirlas.

“Nosotros vivimos una situación muy distinta por Buenos Aires con el resto del país, y entre el interior de la misma y el Área Metropolitana”, insistió.

Según el Decreto de Necesidad y Urgencia 641, el Poder Ejecutivo dispuso la extensión del aislamiento y prohibió los eventos sociales o familiares en espacios cerrados y en los domicilios de las personas, en todos los casos y cualquiera sea el número de concurrentes, salvo el grupo conviviente. La infracción a esta norma puede ser sancionada por los delitos previstos en los artículos 205 y 239 del Código Penal de la Nación.

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Una postura similar tomó la provincia de Corrientes. Según informó el diario local El Litoral, el secretario general de la provincia, Carlos Vignolo, confirmó que “no hay razones para que Corrientes cambie”.

“Nosotros estamos bien, en una situación sanitaria buena, sin circulación viral comunitaria, así que no hay razones para suspender las encuentros sociales y familiares”, dijo Vignolo.

En tanto, en Córdoba, el intendente de la localidad de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, quedó imputado luego de que decidiera no respetar las medidas dispuestas por el COE local y así permitir la actividad comercial ante la presión de los vecinos. La zona vivió en los últimos días un brote de casos de coronavirus.

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