Pese al reclamo de la Iglesia y otras instituciones, Rodríguez Larreta no vetó el protocolo de aborto no punible

al cumplirse el plazo establecido por la Constitución local para eventualmente hacer uso de esa facultad. La guía –redactada por el ministerio de Salud de la Nación- había sido aprobada por amplia mayoría hace dos semanas por la Legislatura porteña.

Si bien todo parecía indicar que Rodríguez Larreta efectivamente no vetaría el protocolo, aconteció tras la adhesión un fuerte reclamo de la Iglesia en Buenos Aires, instituciones como la Academia Nacional de Medicina, y ONGs provida, en particular sobre algunos aspectos como la no inclusión de la objeción de conciencia institucional (que las clínicas se nieguen por cuestiones de principios) y que no existiera límite de tiempo para la intervención.

Al confirmar la decisión del jefe de Gobierno porteño, sus voceros explicaron que Rodríguez Larreta resolvió paralelamente impulsar “una serie de medidas para fortalecer la prevención del embarazo no deseado y brindar información y opciones de acompañamiento que garanticen el pleno discernimiento de la elección que enfrenta una mujer embarazada”. Añadieron al respecto que a la brevedad se conocerán los detalles de esas medidas.

A raíz de los conflictos judiciales y las dilaciones para practicar un aborto en los casos previstos en el Código Penal (violación, riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto) la Corte Suprema había ordenado en 2012 la confección de protocolos en todas las provincias. Si bien la Ciudad contaba con uno que facilitó numerosas intervenciones, la Legislatura decidió adherir al protocolo que propuso el ministro de Salud, Ginés González García, ni bien asumió.

La Legislatura aprobó la adhesión el 16 de julio por 49 votos a favor, siete en contra y tres abstenciones. Al día siguiente, el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Poli, y sus obispos auxiliares dijeron que les “lástima y duele que, en medio de un letal contagio, donde tantos agentes sanitarios y servidores esenciales exponen y arriesgan su vida para salvar la del semejante, los legisladores vean oportuno avanzar en una ley, que ciertamente no es ‘honrar la vida’”.

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Los obispos decían en su declaración que “este protocolo ILE contradice las garantías constitucionales en favor de la vida más desprotegida: la de un ser humano por nacer” y afirmaban: “No estamos en contra de los derechos de la mujer; sí, a favor de la vida como viene, en toda circunstancia, aun en medio de la pandemia, en los barrios más humildes, en los sectores más pudientes, en todos lados de nuestra querida ciudad debe escucharse: ¡Sí, a la vida; sí, a las dos vidas!”.

Señalaban, además, que durante 2019 se realizaron 8.388 “interrupciones” legales del embarazo y “la mayoría, en el primer nivel de los centros de salud”. Y que “cualquier otro tema no tiene ese mismo nivel de accesibilidad en ese tipo de efectores”.

PS