Argentina dice estar lista para aceptar modificaciones en la letra chica de los bonos del canje. Fuentes oficiales confirmaron que el país se encuentra preparado para adoptar innovaciones en materia legal si
la comunidad financiera internacional así lo apoyara. “Estamos trabajando para ello”, contó una autoridad. Señaló además que por estas horas las autoridades encargadas de negociar la deuda dialogan sobre la arquitectura legal y financiera con miembros del G-20, el Fondo Monetario Internacional y el Instituto para las Finanzas Internacionales, un organismo con sede en Washington y que reúne a los bancos más importantes del mundo.
Esto comenzó porque días atrás, los acreedores privados presentaron un pedido para limitar el margen de discreción de Guzmán para, una vez cerrado el canje, reagrupar las series y buscar mayorías que le permiten cambiar los contratos de los bonos (estrategia Pacman). Bloomberg contó que los bonistas llevaron el tema al Tesoro de Estados Unidos, el FMI, la Asociación de Mercados de Capitales Internacionales y el IFI. Una fuente del gobierno argentino consultada al respecto admitió que Argentina sostiene su postura “pero si la comunidad internacional apoya innovaciones, las adoptamos. Estamos trabando”. “Hay mucho diálogo con la comunidad internacional como el G-20, el FMI y el IFI en este momento”.
Argentina no consiguió las mayorías para cerrar el canje con lo cual se prorrogaría otra vez la fecha.
La segunda oferta formal que hizo la Argentina ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, (hubo dos propuestas más en el medio pero que no tuvieron status formal de oferta) volvió a ser rechazada por una amplia mayoría de los bonistas que tienen en su poder papeles de deuda emitidos en dólares y bajo ley extranjera. Del total de bonos por 64.800 millones de dólares incluidos en la operación, sólo el 35% se presentaron al canje. Es decir que casi dos tercios de los bonos aún no aceptan ser canjeados, y por lo tanto es imposible cerrar con éxito la operación. La primera oferta, presentada en abril de este año, había reunido menos del 15% del apoyo total. Los tres principales comités de acreedores rechazaron la última propuesta de Argentina con lo cual se desprende que arrasarán a cerca del 60% de los tenedores de títulos públicos.
Argentina negocia con los acreedores desde abril. Las distancias entre las partes son mínimas, del orden de los 3.000 millones de dólares en un período de quince años. Argentina se niega a ofrecer más. Los bonistas dicen que la oferta aún no llega a sus pretensiones. “La única institución en el planeta que tiene el expertise para actuar en ambos frentes y además legitimación política para hacer cumplir esas decisiones, es el Fondo Monetario Internacional”, explicó en relación al caso argentino, el abogado experimentado en temas de reestructuración soberana Lee Buchheit, en un evento del Council of the Americas de la semana pasada. Buchheit trabajó 47 años en el estudio Clearig, Gottlieb, Steen & Hamilton que defendió a la Argentina en el juicio del siglo.
Hasta el momento la comunidad financiera global se ha mantenido al margen de la negociación. Pero los acreedores han recurrido a esa instancia.
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