El dato de caída de actividad en Estados Unidos en el segundo trimestre reforzó las peores previsiones económicas para 2020 de la mano de la
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La baja de la actividad anualizada fue de 32,9% y disparó otra ronda de caídas en las tasas de interés del mundo. El bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años rendía el viernes 0,54%, consolidando la idea de que el planeta vive una “era del dinero gratis”.
Simultáneamente, China comenzó a recuperarse después del derrumbe del primer trimestre y así las dos principales economías del mundo empiezan a perfilar una recuperación particular con recesiones inéditas, precios y valuaciones de empresas tecnológicas por las nubes y un nivel inédito de liquidez internacional a partir de los planes fiscales expansivos de los gobiernos para atender la covid-19 y sus consecuencias en términos de pérdidas de ingresos de las familias y puestos de trabajo.
Días atrás, en Clarín, el economista Fernando Marengo, del Estudio Arriazu, arriesgaba un futuro posible cuando sostenía: “El escenario de recuperación tendría asociada una reversión del “fly to quality” que se traduciría en depreciación del dólar a nivel mundial (ya se observa), la consecuente recuperación del precio de las materias primas y el precio de los activos (bonos y acciones) en los países emergentes y la consecuente baja en el riesgo país de esos países”.
Ese escenario de cambio de sentido de los capitales (reversión del fly to quality) desde los países centrales a los emergentes favorecería a América Latina. El Gobierno argentino podría tomar nota y prepararse para otra etapa distinta de la que está inmerso.
La posible tonificación de las materias primas podría abrir un mejor panorama para las exportaciones argentinas, que siguen entrampadas entre la carga impositiva y la tirantez cambiaria que se mantiene por la distancia entre dólares que define la brecha cambiaria.
La brecha entre el oficial mayorista de $72,32 y el contado con liquidación (surge de la compra y venta de bonos dolarizados) de $122,66 está en 70% y para el Banco Central y la marcha de la inflación constituye un problema.
Un dólar alto, demandado (en junio hubo 3,3 millones de personas que por la vía de los autorizados US$200 compraron US$ 618 millones, mucho más que en los meses anteriores) y sin una oferta que lo compense, genera dificultades para los importadores y en las previsiones que realiza el sector privado a la hora de fijar el precio de venta de los productos con componente importado.
En el caso del Banco Central, la tensión está dada porque, en la práctica, es el único oferente de dólares en un mercado que quiere más y es por eso que decidió subir la tasa de interés de los plazos fijos, una señal importante de Miguel Ángel Pesce.
Aumentar tres puntos (ahora en 33% anual) el tipo de interés mínimo que los bancos les deben ofrecer a los clientes define la intención de que los pesos sobrantes no vayan al dólar pero, además, la decisión de igualar esa tasa con el ritmo de aumento que el Central aplica en la suba mensual del dólar oficial.
En el Central, y en buena parte del Gobierno, las provincias y las empresas privadas, el reclamo silencioso es que el Presidente le ponga fin a la prolongada negociación de la deuda para canjear bonos por US$65.000 millones.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, viene diciendo desde hace semanas que la última propuesta a los bonistas “es lo máximo que podemos dar”. Y una pregunta que surgió en las últimas horas, y después de 7 meses de idas y venidas de una negociación que no logra un acuerdo, es ¿para qué se vuelve pedir más tiempo? ¿Será porque espera mejorarla o porque considera que los bonistas van a rebajar sus peticiones?
Según los trascendidos, las diferencias serían mínimas, pero el adelanto sobre que la propuesta habría recibido solo el 35% de adhesión (dos tercios la rechazarían) abre la posibilidad de otra ampliación del plazo para seguir las negociaciones.
Guzmán ya definió un rumbo futuro: aun sin acuerdo el Gobierno irá al Fondo Monetario Internacional para presentar un plan que le permita correr los fuertes vencimientos de 2022 y 2023 (unos US$40.000 millones) comprometidos con el organismo.
En medio de la pandemia, con una situación económica que define un marco social de pobreza creciente, seguir demorando definiciones, a favor o en contra, fortifica la incertidumbre y genera presiones adicionales sobre cuestiones muy sensibles para la economía argentina, como es el nivel del dólar.
LGP
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