“Venimos a reclamar al fiscal José Luis Torres por la apertura de una carpeta fiscal contra los compañeros que se movilizaron, creemos que es una criminalización de la
Marciano Jara, otro manifestante, destacó que el fiscal Torres nunca quiso imputar al intendente, pese a que Contraloría comprobó que hubo daños patrimoniales por cerca de G. 500 millones. Destacó que el pedido de intervención que obra en la Cámara de Diputados no corre y que ni siquiera se ha conformado la comisión especial para su estudio.
“Acá es evidente que hay incumbencia política, ya que el intendente es colorado oficialista”, señaló Jara.
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Los indignados tienen documentos de obras fantasmas como, por ejemplo, la obra de alcantarillado frente a la iglesia María Auxiliadora, por valor de G. 95.000.000; tres aulas con estructura de hormigón armado en la Esc. N° 443 Julio de Otaño, por valor de G. 269.000.000; una cancha de fútsal con graderías en Núcleo 3, por valor de G. 182.000.000; un baño en el colegio Julio de Otaño, por valor de G. 120.000.000, y dos aulas en la Escuela Serapio Valenzuela, por valor de G. 162.000.000.
No obstante, a través de la auditoría realizada por la Contraloría, se halló un daño patrimonial de unos G. 488.000.000, que ya fue comunicado en febrero de este 2020 a la Fiscalía General de la República, cuya titular designó al agente fiscal Osmar Legal la investigación y a José Luis Torres como coadyuvante.
Torres indicó que ya no está en sus manos la imputación del intendente, ya que el titular es su colega de Asunción. “Ellos me presionaron para imputarle al intendente, pero yo no podía hacer eso antes de tener el informe de la CGR, sin embargo, cuando el informe se presentó, la fiscala general designó a Osmar Legal como titular y todos los expedientes fueron a Asunción”, señaló.
Respecto a la violación de cuarentena, él recibió la denuncia policial y con base en eso está llamando para la averiguación correspondiente.