Representantes de cañicultores, horticultores, del rubro de calzados, del azúcar, procesadoras de carne aviar, industria textil, entre otros, se reunieron ayer en la sede de la Unión Industrial
El presidente del gremio, Gustavo Volpe, dijo que el primer objetivo es que el Gobierno reconozca que este flagelo se trata de un verdadero problema para el país y en segundo lugar, advierte que el grupo llevará a la cárcel a las autoridades corruptas. En ese sentido adelantó que la cacería no solo se dirigirá a los pequeños contrabandistas.
“Vamos a agarrar a los gordos, esa es la idea, porque esos peces gordos, quiero que sepan, hay gente que tiene mucha plata y esa es plata que también es lavado de dinero”, amenazó.
Por su parte, Pablo Artaza, de la Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales, dijo que con el cierre de fronteras a raíz de la pandemia, la demanda de aceite aumentó ante la ausencia de mercaderías ilegales, pero con la nueva flexibilización teme que la situación vuelva a la “triste normalidad”, donde el 30% del abastecimiento se concentra en el contrabando.
Desde el sector de calzados, Elder Otazo, describió un oscuro panorama si no se toman acciones rápidamente. Estimó que la devaluación de las monedas de la región contribuirán a una invasión de calzados y en coincidencia con sus socios, indicó que como consecuencia habrá mayor desempleo e informalidad, lo que a su vez puede contribuir a que aumente la pobreza en el país.
En representación de la industria textil se pronunció el ex ministro del Interior, Francisco de Vargas, quien insinuó que se deben modificar algunas normativas.
Algunos puntos. El acuerdo firmado habla de un frente unificado que mantendrá diálogo con los tres poderes del Estado, solicitará informes sobre los trabajos de lucha contra el contrabando.