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“Esta deleznable práctica que se sigue dando en nuestro país, de prosperar
significará la conculcación de derechos políticos consagrados en nuestra Carta Magna, ya que pretenden por medio de mayorías circunstanciales en órganos colegiados mantener la hegemonía de un partido e imponer voluntades sin respetar el debido proceso y mucho menos al soberano que eligió a sus autoridades”, remarcaron.
Entre tanto, manifestaron que estos actos podrían terminar comprometiendo seriamente a la democracia misma, cuya construcción “tanto sacrifico representó para el pueblo”.
Además cuestionaron que sin recurrir a la Contraloría General de la República y en muchos casos sin existir intervención previa, ni mucho menos dictámenes sobre gestiones municipales, están viendo que los grupos de poder intimidan y acosan a todo aquel que se oponga al “atentado” que pretenden llevar contra las administraciones municipales dirigidas por la oposición al gobierno de turno.
“Desde nuestras bancadas levantamos nuestra voz de protesta frente a lo que consideramos un atropello a la democracia y a la voluntad popular”, afirmaron.
También mencionaron que dichos actos no tienen otro fin que el de acceder al poder político por medios distintos a los establecidos en democracia, por lo que expresaron su solidaridad con los intendentes y funcionarios municipales que están siendo hostigados permanentemente, “producto de esta lucha desleal y mezquina”.
En contacto con Última Hora, el senador Hugo Richer expresó que se están dando hechos irregulares llamativamente en municipios importantes que no son del Partido Colorado. Richer aclaró que no se busca de ninguna manera impedir que se controle, pero se están saltando instituciones, como la Contraloría General de la República.
Sobre el punto, sostuvo que hay que alentar el control y la investigación de todas las municipalidades, pero que no sean arbitrarias y que tengan dictámenes.
El legislador mencionó en primer lugar al municipio de Ciudad del Este, donde se realizaron denuncias, pero que actualmente se encuentra paralizadas, como también el caso más reciente de Encarnación, donde se aprobó un pedido de intervención en una sesión que no había sido convocada para el efecto.