
Un adolescente de 17 años denunció que fue golpeado e interrogado por policías de la comisaría de la localidad platense de Tolosa tras ser detenido por robo y que los agentes
también lo amenazaron con aplicarle corriente eléctrica a su cuerpo. El caso es seguido de cerca por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
La denuncia fue realizada a través de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura, ante la Fiscalía General del Departamento Judicial La Plata y en la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial, que ya inició la investigación administrativa.
Se abrió una causa por “apremios ilegales”, a cargo del fiscal Marcelo Martini de la UFI Nº 3. Según medios platenses, hay un agente imputado por el delito de “apremios ilegales” y desafectado de la Fuerza. En tanto, otro grupo de policías que participaron del operativo y el Jefe de Turno de la seccional fueron sumariados, según confirmaron a Clarín.
Los hechos ocurrieron el pasado sábado 25 de julio: alrededor de la 5, cuando policías bonaerenses patrullaban la zona de Tolosa y persiguieron durante algunas cuadras al adolescente ya que sospechaban de que había cometido un robo. Al momento de la captura, el chico habría recibido golpes y culatazos con el arma reglamentaria de los policías.
Luego, el adolescente fue trasladado a la comisaría 6ta. de Tolosa, donde “lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de nueve horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información”, detalló la CPM en un comunicado.
“Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes”, añadió el organismo que remarcó que “el interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas”.
“A pesar de ser menor de edad y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron así garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del niño”, indicaron.
El comunicado detalló que “casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido. Los mismos policías lo esperaban para trasladarlo”.
Finalmente, el adolescente fue alojado en el centro cerrado Almafuerte; donde al ingresar, por temor a represalias,”no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía el joven en el cuerpo”.
Con información de Télam
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