Por qué es histórico el acuerdo alcanzado en la Unión Europea para hacer frente a la crisis de la del coronavirus

salió arrastrándose, ajustando y dejando cicatrices en forma de condiciones draconianas a cambio de salvatajes como pedradas, con un Banco Central Europeo que tardó casi cuatro años en reaccionar, esta crisis la enfrentó con una celeridad y una contundencia impensable hace apenas tres meses.

Los 27 gobiernos del bloque acordaron la madrugada del lunes al martes, después de un maratón de reuniones en Bruselas de cuatro días, los presupuestos de la Unión Europea (UE) para el período 2021-2027 (1,074 billones de euros) y, sobre todo, dieron un salto de gigante en la construcción económica del bloque. Fue, según el presidente francés Emmanuel Macron, el día más importante de Europa desde la introducción del euro.

Esa nueva creación es un fondo pos pandemia de 750.000 millones de euros, que se usará al 70% en solo dos años y que distribuirá 390.000 millones en transferencias a fondo perdido, que los gobiernos no tendrán que devolver nunca. El resto, 360.000 millones, irá en préstamos a 30 años a una tasa que podría rondar el 1% anual, inaccesible para la mayoría de los gobiernos del bloque.

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La innovación mayor llega en la forma de financiar esos 750.000 millones. Si los presupuestos de la UE se financian con contribuciones nacionales según el peso económico relativo de cada Estado miembro, este fondo se financiará a través de una emisión de deuda que hará la Comisión Europea en nombre de la UE. Usará como aval el propio presupuesto comunitario, así que los gobiernos serán los avalistas finales pero sólo hasta el tope de su contribución a esos presupuestos.

La UE no empezará a pagar esa emisión de deuda hasta 2028 y entonces estará 30 años para pagarla. Los gobiernos no pagarán nada, lo hará la UE con una pequeña parte de sus presupuestos y con la creación de nuevos impuestos comunes, como una tasa al plástico no reciclado, una tasa al carbono y, posiblemente la más potente, una tasa a los gigantes digitales –principalmente estadounidenses- que entrará en vigor en principio en 2023.

Esa forma de financiar esos 750.000 millones genera que en la práctica los europeos estén poniendo los pilares de un Tesoro común, que se hagan responsables solidariamente de una deuda común. Algo que hace tres meses era un tabú y que Angela Merkel dijo en 2012 que no se haría mientras ella viviera. La UE ya había acudido a los mercados financieros para emitir deuda –empezó a hacerlo a principios de los años 70-, pero siempre usaba ese dinero para prestar a alguno de sus miembros –con condiciones, con intereses, con estrictos controles-, no para financiar inversiones a fondo perdido.

Cinco gobiernos (el austríaco, el danés, el finlandés, el holandés y el sueco) intentaron primero evitar la creación del fondo, después pretendieron que sólo financiara a gobiernos a partir de préstamos o imponer ajustes fiscales al sur. Sin los británicos –camino del Brexit– y los alemanes de la mano de París, Roma y Madrid, su peso en el bloque fue insuficiente para condicionar el nuevo fondo. Apenas pudieron conseguir una especie de derecho de revisión de los programas nacionales de reformas que los gobiernos deben enviar a Bruselas para acceder a los fondos.

El holandés Mark Rutte, líder de ese grupo, quería derecho de veto. Una petición extemporánea que hubiera bloqueado todo el entramado y que nadie más secundó. A cambio de que esos gobiernos aceptaran la UE aumenta los cheques compensatorios que reciben por ser contribuyentes netos a los presupuestos del bloque. Cheques a los que también tendrían derecho países como Bélgica, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo e incluso pronto Eslovenia y España. Y que no piden.

El otro gran cambio con respecto a hace una década es la condicionalidad. La UE no entrega nunca plata y los gobiernos hacen con ella lo que quieren. Todos sus fondos se distribuyen tras presentación y aprobación de proyectos concretos hasta el punto de que algunos países, como España o Portugal, no han podido en los últimos años usar todos los fondos que les correspondían porque fueron incapaces de presentar proyectos adecuados.

Pero esa condicionalidad cambió. Si en la anterior crisis consistía principalmente en recortar pensiones, inversión y salarios públicos, privatizar y ajustar déficit a martillazos, en esta se dice ya oficialmente que no habrá ajustes ni este año ni en 2021. Y sólo se empezarán a mirar las cuentas públicas a partir de 2022 y teniendo en cuenta la evolución del producto nacional.

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A cambio, las condiciones son que los proyectos sirvan para que los países vayan haciendo más rápido su transición ecológica, modernicen sus administraciones o avancen en la digitalización. Algunos países con sistemas fiscales agresivos verán cómo se les conmina a empezar a reformarlos. A un país como España, uno de los más desiguales y con más pobreza infantil en Europa occidental, la Comisión Europea le pide “mejorar la cobertura y la adecuación de los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia”.

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Si el plan tiene un agujero está en cómo diluyó finalmente la exigencia del respeto al Estado de derecho. Bruselas quería usar esta estructura para apretar a Hungría y Polonia, dos países metidos en una peligrosa espiral autoritaria. Tras cuatro días de cumbre se eliminó esa condicionalidad para dejar en el texto apenas una vaga referencia: “El Consejo Europeo subraya la importancia del respeto al Estado de derecho”. El acuerdo no es perfecto pero como decía esta mañana Macron: “El mundo no es perfecto”.