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Asimismo, fueron imputados por producción de riesgos comunes, resistencia y violación de la cuarentena sanitaria.
El joven militar de la marina había resultado herido de un disparo de arma de fuego a la altura de la cabeza, durante un enfrentamiento con supuestos contrabandistas a orillas del río Paraná.
El infante de marina, de 22 años, finalmente no resistió y falleció cerca de la medianoche del jueves.
El tiroteo registrado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, le costó la vida.
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Tras el hecho, unas 35 personas fueron detenidas para someterse a la prueba de parafina por los disparos que atentaron contra la vida de los marinos Silvio Andrés Rojas Ascurra, Óscar Sánchez, Óscar Silvero y Enrique Zorrilla, además del que acabó con la vida de Agüero.
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, rindió un homenaje y se solidarizó este jueves con el marino que fue baleado durante el tiroteo con supuestos delincuentes.
26 personas imputadas tras tiroteo
Los agentes fiscales también formularon imputación contra las personas que habrían participado del tiroteo por la supuesta comisión de los hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal, resistencia y violación de la cuarentena sanitaria.
Entre ellas se encuentran: Aníbal Alberto González González, Domingo Soriano Meza López, Juan Ramón Villalba, Carlos Antonio Anzoategui, Derlis Ricardo Vega Flores y Jonathan Ruiz Román.
La lista sigue con Édgar Méndez, Hugo César Sandoval Díaz, Sergio Paniagua, Óscar Darío Mendoza, Pablino Colmán Villalba, Gerónimo Martínez Vallejos, Hugo Arsenio González, Carlos Ramón González, José Eduardo Anzoategui, Estefan Adrian González Ibañez.
Además, incluye a Francisco Ezequiel Báez Heine, Ángel Moisés Martínez, Gerardo Brítez Bobadilla, Javier Brítez Bobadilla , Francisco Brítez Bobadilla, Cristian Rubén Alcaraz, Hugo Marcelo López Armoa, José Álvarez Pintos, Armando Javier Ruiz y Fredy Miguel Portillo Peña.
La Fiscalía informó también que se solicitó al Juzgado Penal de Garantías la medida cautelar de arresto domiciliario de los imputados. Ello, tomando en consideración la situación actual atravesada por el Covid-19.