José Manuel Franco (Puebla del Brollón, Lugo. 1957) acumula un cuarto de siglo en política, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando su nombre ha irrumpido en el primer plano
mediático, como delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Licenciado en Derecho y funcionario del Ministerio de Defensa, todos los focos se centraron en él cuando el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid abrió una investigación para determinar si prevaricó al permitir las concentraciones multitudinarias en los días previos a la declaración del estado de alarma, especialmente la manifestación del 8-M, por intereses políticos y a pesar de las advertencias de entidades como el Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades. Aunque la causa se archivó por no hallarse responsabilidad penal, lo cierto es que sigue más que cuestionado por su «parcialidad», confundiendo su labor institucional con su papel como secretario general del PSOE en la región. Las críticas contra él apuntan también a la consigna de «retorcer el tema de las residencias» o la estrategia de lograr la imputación de Isabel Díaz Ayuso para armar una moción de censura con Cs contra ella. Franco se alzó como líder de los socialistas madrileños en 2017 y desde entonces no ha parado de crecer al amparo de Sánchez. Su nombramiento como delegado del Gobierno, de hecho, se interpretó como un premio a su lealtad al presidente en su carrera para controlar el partido. Su trabajo al frente de la federación madrileña ha sido permisivo y tibio, al mirar para otro lado cuando alcaldes socialistas incumplían el código ético del partido, procesados por delitos de corrupción, o especialmente cuando dejó pasar los enchufes de Noelia Posse en Móstoles. Diez meses después de los escándalos, el PSOE no ha emitido ningún veredicto.
FUENTE DIARIO ABC: