Luego de diez días de tensiones y cortes de servicios, las autoridades del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) y la Agremiación Médica Platense firmaron este jueves una “tregua” por sesenta días.
El acuerdo retrotrae la relación entre ambas entidades al 6 de julio, antes de la ruptura del convenio que resolvió el directorio de la obra social provincial. Quedan garantizadas las prestaciones.
La génesis del problema fue por la interrupción de ese convenio. Una relación contraprestacional de 60 años. La AGM se encargaba, hasta entonces, de la facturación, del pago y de todas las cuestiones administrativas. Es decir, la parte burocrática del relacionamiento entre médicos y el IOMA. Pero también con los dueños de clínicas y sanatorios. Representa un poder negociador. Un actor consistente en el sistema de salud bonaerense.
Pero, la controversia ya tenía un anclaje en los últimos días de junio. Precisamente cuando la conducción del IOMA denunció una estafa y defraudación presuntamente cometida por 12 médicos. En la presentación judicial también se incluía la responsabilidad de los directivos de la Agremiación, encargada de verificar las facturaciones de sus asociados.
El 8 de julio, el Instituto prescindió de la Agremiación con intermediaria e intentó establecer una relación directa con los profesionales. Resultado: aparecieron los cortes de servicios. Y en muchos casos, los afiliados-pacientes tuvieron que pagar, de su bolsillo, las prácticas, entre ellas cirugías de emergencias o programadas.
En esa pulsión de intereses, hubo marchas hasta las puertas de la sede central del IOMA, en la capital provincial. Incluso una denuncia judicial, en la UFI N° 5 de la Plata por “abuso de poder” y “Violación de los deberes de funcionario público” contra el propio gobernador, Axel Kicillof y el ministro de Salud, Daniel Gollán.
La obra social, que tiene 2.000.000 de afiliados entre todos los 135 distritos bonaerenses, incluye decisiva representación estatal en el directorio y el presidente lo pone en Poder Ejecutivo.
En todos estos días, quedó expuesta una parte de cómo operan los intereses en el sistema sanitario provincial.
Durante la jornada de este jueves, cuando el conflcto amenazaba con escalar más aún, el presidente de IOMA, Homero Giles y el titular de la AMP, Jorge Varallo, buscaron acercamiento.
Al fín lograron acordar un “plazo ventana” de 60 días, “hasta la suscripción de un nuevo convenio”. Durante ese plazo se mantiene el convenio vigente hasta antes del 6 de junio, lo cual implica “garantizar la cobertura médica/ prestacional a todos los afiliados del IOMA”, según la explicación del documento firmado por ambos.
De todas maneras, la firma definitiva queda condicionada a la aprobación de la asamblea de médicos de este viernes. Es un requerimiento normativo de la entidad. No habría mayores oposiciones.
El nuevo convenio debe estar suscripto dentro de dos meses. Además, tiene que contemplar la inclusión de la “jerarquización de los honorarios médicos; la discusión relativa al nomenclador de prácticas; y la inclusión de módulos COVID 19 aplicables a abril de 2020”.
Por su parte, la AMP se comprometió a “acordar e incluir en el mentado convenio prestacional, un dispositivo de auditoría mixto” y asume la obligación de “acreditar el destino adecuado de los fondos”.
¿ Por qué es central este último punto?. Otra vez, como quedó manifiesto al principio de esta secuencia, el conflicto surgió a partir de la detección del IOMA de la presunta estafa de los 12 médicos. La acusación era por facturar prestaciones inexistentes. La maniobra, de acuerdo con la presentación, superaba los 8 millones de pesos.
Otra parte del acuerdo implica que el IOMA lleve a cabo una “preliquidación de las prestaciones presentadas a instancias de la proforma”.
Queda establecido que el IOMA se compromete, a abonar las prestaciones atrasadas correspondientes al mes de abril 2020. El pago será el martes 21 de julio. Asimismo se obliga a regularizar oportunamente el pago del mes de mayo 2020.
Las conversaciones continuará en el tono de esta reunión realizada en la Defensoría del Pueblo.
Varallo asumió, al término del encuentro, el objetivo de “un nuevo convenio superador y prestacional”. “Es un intento que llega después de las reivindicaciones que venimos planteando y que pueden resultar muy importantes”, insistió.
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