La Cámara Federal confirmó la prisión preventiva del “gordo del mortero”

Romero milita en el Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU).

Romero se convirtió en la imagen de la violencia contra 88 efectivos de la policía metropolitana que resultaron heridos el 18 de diciembre de 2017 frente al Congreso cuando se debatía un proyecto de ley de Mauricio Macri para ajustar las jubilaciones por la inflación. Durante la manifestación convocada por el kirchnerismo y fuerzas de izquierda se lanzaron 14 toneladas de piedras contra los policías, fue brutalmente atacado por manifestantes el periodista de canal 13 Julio Bazzán y se destruyó la plaza Dos Congresos. El total de los heridos alcanzó a más de 160 personas, en un hecho sin precedentes en los últimos años.

En la resolución firmada por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia se rechazó un pedido de la defensa de Romero de ser excarcelado. 

De acuerdo “con lo que surge de las actuaciones, el imputado, con el propósito de eludir el accionar de la justicia, habría abandonado su hogar y lugar trabajo, logrando salir del país e ingresar al Uruguay -presuntamente a través de la República Federativa de Brasil- sin dejar rastros formales de su itinerario“, dice la resolución. “Los esfuerzos concomitantes destinados a encontrarlo, los que incluyeron numerosas tareas de investigación, la emisión de una orden de captura internacional y el ofrecimiento de una recompensa para quienes aportaran información relativa a su paradero”, agrega el fallo.

A su vez, se advierte que la fiscal destacó que al producirse su detención, “el recurrente había modificado su aspecto físico con el alegado fin de “dificultar su captura”, y que se habría mantenido oculto en el extranjero sin hacer uso del dinero depositado en su cuenta bancaria”. “Tal ponderación, sumada a la complejidad de las maniobras que debieron desplegarse para garantizar la huida en las condiciones destacadas, llevaron a la Fiscal y al propio Juez de grado a inferir que el nombrado habría gozado de la asistencia de terceros”, añade.

Por último, la defensa “no puso en duda los episodios aquí relatados, ni ha negado la fuga emprendida por el nombrado tras conocer la existencia de esta causa”.

“Lo expuesto, aunado a la gravedad de los hechos que se instruyen en el legajo principal, otorga adecuado sustento a la medida cautelar reafirmada por el Juez, pues el tenor de los riesgos procesales evaluados en la pieza impugnada -con especial ahínco en el peligro de fuga– no pueden neutralizarse a través de restricciones alternativas (art. 319 del C.P.P.N., y arts. 210 y 221 del C.P.P.F.)”, finaliza el fallo de la Cámara Federal.

El detenido militante Romero, cuando fue extraditado, se negó prestar declaración indagatoria ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, en la causa que se le sigue por disparar un mortero durante una marcha contra la reforma previsional el 18 de diciembre de 2017.

Romero llegó ayer extraditado desde Uruguay hace tres semana atrás.

Romero fue declarado prófugo en la causa que investigó los incidentes en el Congreso de la Nación durante una protesta contra la reforma previsional que impulsaba el macrismo.

La imputación al militante es por presunta “intimidación pública, daño, lesiones y resistencia a la autoridad”.

La causa estuvo a cargo del juez federal Sergio Torres, quien dictó su captura nacional e internacional.

Torres fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia bonaerense y desde entonces su juzgado es subrogado por Canicoba Corral.