El Gobierno de Alberto Fernández debe reclamarle a Lázaro Báez más de $ 3.000 millones en el marco de la quiebra de Austral Construcciones, su firma insignia, la que recibió millonarios
contratos del Estado nacional durante el kirchnerismo. Esos negocios derivaron en la causa que tiene en juicio oral a Cristina Kirchner: la acusan de haber favorecido al empresario K con contratos “plagados de irregularidades”. Esa firma, Austral Construcciones, fue a la quiebra y tiene dos acreedores privilegiados, el Banco Nación y la AFIP, que son los que tienen que cobrar la deuda de Báez.
A esta situación se llegó porque en julio de 2018 la jueza Gigy Traynor decretó la quiebra de la firma,
después del reclamo de uno de los más de veinte acreedores. Asimismo, ordenó la inhibición general de bienes de la empresa. La AFIP es uno de los principales afectados de la empresa de Báez: la deuda con el ente recaudador es multimillonaria.
Durante la administración de la AFIP a cargo de Leandro Cucciolli se inició un reclamo judicial en el marco de la quiebra. Ahora, la actual gestión, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, deberá mantener el reclamo para cobrar esa deuda que la firma de Báez mantiene con el Estado.
Báez acaba de ser favorecido con una excarcelación aunque aún se debe definir el monto de la fianza o si la Justicia le acepta un seguro de caución.
El crédito admitido en el proceso de quiebra, según la resolución al a que accedió Clarín, es por 2.880.124.946,64 pesos.
Aunque con diferencias, hay algunos puntos de contacto con el expediente Vicentin. Ambos tiene como acreedores a la AFIP y el Banco Nación con montos millonarios. Aunque en el caso de Vicentin, el Gobierno fue en busca de una expropiación e intervención, algo que nunca pensó para la situación de Austral Construcciones.
La jueza Gigy Traynor le pidió a los síndicos que se pronuncien sobre dicho crédito, para llevar adelante el proceso de liquidación. En el escrito explicaron que el fisco estaba reclamando ese monto por encima de los 2.800 millones en el marco de una Ley que contempla importantes beneficios si el pago se realiza en efectivo.
“Para abonar el crédito verificado en favor de la AFIP para con ello lograr un beneficio de pago por contado, dado que estamos frente a una quiebra que en nada se asemeja al de una persona física o jurídica”, señalaron los síndicos al sostener que el estado actual de la empresa hace imposible pensar en el pago de semejante deuda que acumuló durante la gestión kirchnerista, esencialmente.
Los síndicos se explayaron más al respecto: “la presente quiebra no se encuentra en situación de poder afrontar el pago de dichas sumas, es decir, el crédito ya verificado en favor del fisco y el correspondiente a los importes que además están en trámite de determinación”.
El reclamo que hizo la AFIP durante la anterior gestión fue considerada por los síndicos como “improcedente toda vez que los fondos disponibles existentes en autos resultan insuficientes para atender todo lo que se le adeuda que reclama la AFIP y lograr así un beneficio pretendido, con lo cual el planteo en traslado resulta ser de cumplimiento imposible, sin perjuicio de que los accionistas de la fallida puedan aportar los fondos suficientes para ello (al margen de que no es el único pasivo que debe cancelar la quiebra)”.
El Gobierno actual, a través del fisco debe continuar con el reclamo como parte de la quiebra, siendo uno de los principales acreedores. No es el único caso, el Banco Nación es un acreedor privilegiado por créditos hipotecarios que no canceló Austral Construcciones. Esa deuda podría superar con intereses, ampliamente los $ 300 millones.
La entidad financiera debe reclamar en el marco de la quiebra, la millonaria suma a la constructora de Lázaro Báez. En el fuero federal se investigaron el otorgamiento de esos créditos y si el Banco Nación no procedió en perjuicio del Estado favoreciendo al empresario K. El juez Daniel Rafecas había dictado una falta de mérito sobre las autoridades del BNA pero la Cámara Federal porteña las revocó y le dijo que continúe con la pesquisa.
Así, sumando los créditos de la AFIP y el BNA, el Gobierno actual debe reclamarle a Lázaro Báez acusado de haber sido favorecido por la gestión kirchnerista con obra pública vial, más de $ 3.000 millones.
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