Apoyan el pedido para que la Corte decida si desarchiva la causa contra Menem y Corach por el pago de las coimas de Siemens

Federal de Casación Penal para que la Corte Suprema revise el archivo de las acusaciones contra el ex presidente Carlos Menem y el ministro del Interior, Carlos Corach, en el pago de sobornos por el contrato por los DNI a la empresa alemana Siemens.

La PIA impulsa la acción penal en la causa en ejercicio de sus facultades legales previstas en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal.

Casal, en un dictamen, coincidió con los argumentos presentados por la PIA y consideró que el recurso era admisible en orden a que, si se convalidara el archivo dispuesto, se cerraría toda posibilidad de continuar investigando la intervención que en los sucesos tuvieron los entonces funcionarios públicos involucrados del gobierno de Carlos Menem, lo que implicaría un hecho de gravedad institucional que justifica la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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El procurador interino señaló especialmente que “no se trataba de una licitación más, sino de una contratación excepcional y estratégica para la seguridad de la Nación y de los ciudadanos, nada menos que para la impresión de nuevos documentos de identidad y la informatización de los pasos fronterizos y los padrones electorales, en la cual, por eso mismo, es razonable suponer que debió estar específicamente al tanto el entonces Presidente de la Nación, Carlos Menem, quien además firmó los Decretos 1310/94, 199/98 y 1342/98 para su instrumentación.

Casal señaló que lo mismo se sostiene del entonces Ministro del Interior, Carlos Corach, responsable de la adjudicación y suscripción del contrato y en cuya cartera se llevó a cabo en definitiva el proceso licitatorio, y al menos también de quien ocupaba entonces el cargo de Director de Migraciones, también dentro de ese ámbito ministerial y con injerencia en las materias objeto de la contratación.

Por ello, “reconocido como ha sido el pacto y el pago de los sobornos para la obtención de la licitación por parte de la empresa adjudicataria, pienso que la circunstancia de haber sido los funcionarios con injerencia y poder de decisión en el asunto, sumada a su mención como destinatarios de los pagos, justificaba con creces la convocatoria solicitada en los términos del artículo 294 de la ley procesal penal….”

En orden a todo ello se solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que haga lugar al recurso extraordinario interpuesto por la PIA que encabeza Sergio Rodríguez.

El 26 de febrero de 2019 el juez  federal Ariel Lijo no había hecho lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público Fiscal de citar a indagatoria a los funcionarios públicos acusados de cohecho pasivo, y resolvió archivar las actuaciones, esencialmente con el argumento de que no se había corroborado suficientemente la efectiva recepción del dinero por parte de éstos a pesar de la confesión de los ex directivos de Siemens ante la Justicia de Estados Unidos.

Frente a la apelación de la PIA y de la Oficina Anticorrupción (OA) -que intervenía como querellante cuando la comandaba Laura Alonso-, el archivo fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal. Esa decisión también fue recurrida por la Procuraduría y la OA, quienes presentaron sendos recursos de casación para evitar que se cierre definitivamente el caso. Sin embargo, el objetivo fue rechazado por la Sala III de ese tribunal por considerarlo inadmisible.

Frente a esta decisión, en julio de 2019 la PIA interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para lograr que la Cámara de Casación haga lugar al recurso interpuesto y revise el fallo de la Cámara Federal.

El rechazo de la concesión del recurso extraordinario derivó en la presentación de la queja ante la Corte, circunstancia que cuenta ahora además con el aval del titular del Ministerio Público Fiscal en el dictamen que motiva la presente nota.

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La causa ya se elevó a juicio oral de la parte privada -ex directivos de Siemens- de la maniobra delictiva- “eran más que suficientes para llamar a declaración indagatoria a los funcionarios públicos sindicados, también se señaló que, aún en el supuesto de que fuere imposible comprobar fehacientemente la recepción del dinero denunciados por parte de los funcionarios públicos -por el complejo entramado de sociedades off shore armado- era suficiente con las pruebas existentes sobre la “existencia de ese pacto delictual” que prevé el artículo 256 del Código Penal”.

Como se explica en el recurso presentado -con abundante cita de doctrina y jurisprudencia-, “el delito se consuma con el perfeccionamiento del pacto, ya sea al recibir o al aceptar. Incluso se menciona que no interesa a los fines de la consumación si luego el funcionario cumple o no la promesa efectuada al recibir el dinero o la dádiva o al aceptar la promesa…”. Aunque en este caso los funcionarios públicos sí habrían cumplido con su parte del pacto y esta circunstancia, entre otras, constituye un indicio de la existencia del acuerdo ilícito., siempre según la PIA

Se remarcó, a su vez, que la decisión del juez Lijo, confirmada por la Cámara Federal, de considerar que el verbo típico necesario para acreditar la consumación del delito de cohecho pasivo es el de “recibir” -entrar en tenencia material de- el dinero o la dádiva, elevó de forma innecesaria el umbral probatorio requerido para continuar con este proceso. Según esa postura, habría que reconstruir de forma minuciosa la ruta del dinero desde que salió de las arcas de la empresa Siemens hasta que llegó a manos de los funcionarios públicos involucrados, camino que “podría llevar a un callejón sin salida por tratarse de jurisdicciones relacionadas a la operatoria offshore”.

Por último, en el recurso extraordinario se destacó que “es por demás paradójico que se vaya a someter a juicio a quienes pagaron sobornos y no a quienes los recibieron o aceptaron una promesa orientada a hacer o dejar de hacer algo relativo a sus funciones”.

El caso El caso se inició el 17 de marzo de 1998 a raíz de la las irregularidades detectadas en la Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 1/96, para la informatización de los Documentos Nacionales de Identidad.

Posteriormente, en el año 2008, Siemens S.A. informó un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) donde reconoció que “desde 1997 a enero de 2007, Siemens Argentina pagó o hizo que se pagaran al menos u$s 15.725.000 directamente a entidades controladas por miembros del gobierno argentino, al menos u$s 35.150.000 directamente al Grupo Consultor Argentino y al menos u$s 54.908.000 a otras entidades”.