Al igual que hizo ayer Silvia Majdalani, Gustavo Arribas rechazó las acusaciones por “espionaje ilegal”, en su declaración indagatoria ante el juez federal Juan Pablo Auge. El ex titular
de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista sostuvo que las tareas de observación sobre el Instituto Patria y el domicilio de Cristina Kirchner eran actividades de prevención legales, ante posibles “actividades anti sistémicas”; y planteó que la causa debe sustanciarse en Comodoro Py, ya que los hechos investigados ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires, donde ya lo sobreseyeron por esta misma cuestión en 2018. Sin embargo, a diferencia de la ex “Señora 8” de la AFI, Arribas no recusó a la fiscal Cecilia Incardone.
El ex “Señor 5” de la AFI macrista llegó a los tribunales federales de Lomas de Zamora minutos antes de la 9 de la mañana y se retiró pasadas las 13, sin hacer declaraciones a la prensa que lo aguardaba en la vereda. Estuvo acompañado de su abogado Alejandro Pérez Chada, quien ya lo representó también en otras causas judiciales. Arribas declaró ante el juez Auge y la fiscal Incardone como imputado por haber realizado “tareas de inteligencia ilícita” sobre el domicilio porteño de Cristina Kirchner y el Instituto Patria, así como por haber generado “documentación falsa” para justificar esa investigación. El juez sospecha que, junto con Majdalani y los ex directores de la AFI, Alan Ruiz y Martín Coste, “participaron de la comisión de hechos delictivos investigados en la presente causa”, según figura en el expediente judicial.
Fuentes cercanas a Arribas contaron a Clarín que el ex titular de la AFI prestó declaración indagatoria, pero considera que estos hechos ya fueron juzgados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, en el año 2018, quien resolvió su sobreseimiento -y el de Majdalani- por inexistencia de delito. “No lo pueden sacar del juez natural”, dijeron cerca de Arribas. Y agregaron: “Si hay nuevas pruebas, igual no hay nada que justifique que estos hechos se juzguen en Lomas de Zamora, ya que ningún hecho ocurrió ahí. Por eso, se presentó a indagatoria y dio su versión de los hechos, pero ya se pidió la inhibitoria del juez Auge”.
Es que el abogado de Arribas, Pérez Chada, presentó la semana pasada un pedido de “inhibitoria” del juez Auge, para que la investigación se sustancie en Comodoro Py. La Cámara Federal sorteó la causa y quedó en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien dispuso certificar la causa, tal como pidió el fiscal Carlos Stornelli. Esto significa que la jueza va a analizar si corresponde pedir que la causa vuelva a Comodoro Py o se siga sustanciando en Lomas de Zamora. Mientras se dilucida esa situación, el juez Auge le imprime máxima velocidad a la causa, con el objetivo de procesar rápidamente a los ex jefes de la AFI macrista.
Majdalani había pedido que la causa vuelva a ser tramitada por Martínez de Giorgi, pero ese juez federal rechazó el pedido y dijo que era un caso cerrado. Es que ahora se agregaron nuevos hechos, como el espionaje en el domicilio de la entonces senadora Kirchner y abarca un mayor período de tiempo, con nuevas pruebas que surgen de los masivos allanamientos a ex agentes de la AFI. Por eso, la defensa de Arribas pidió directamente que se sortee un nuevo juez federal de la ciudad de Buenos Aires, para investigar estos hechos.
En el expediente judicial, el juez Auge aseguró que los agentes de la AFI “tenían que observar y vigilar en los lugares señalados por Alan Ruiz, con fin de detectar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación y/o dinero, como así también si en esos dos domicilios recibían ese tipo de objetos o se desarrollaban esas actividades. Es decir que tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificada, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados G 20 y los Juegos Olímpicos para la Juventud”, dijo Auge, en el expediente. Y agregó que la función de protección de una ex presidente no le compete a la AFI, ya que es una “tarea policial” que debía articularse con los “agentes que la custodiaban”.
A diferencia de Majdalani, Arribas no tenía contactos permanentes con los agentes de la AFI involucrados directamente en los operativos de espionaje sobre el Instituto Patria y el domicilio de Cristina Kirchner. En su caso, podría estar vinculado con la decisión de investigar y con la “producción de distintos documentos ideológicamente falsos” para darles apariencia de legalidad a los operativos realizados en esos lugares, entre los que se encontraban tres notas presentadas ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el juzgado federal de Martínez de Giorgi y el juzgado de Federico Villena en Lomas de Zamora.
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