La vicesecretaria general del PSOECyL, Virginia Barcones, ha denunciado este domingo que la Junta ha roto un «pacto de Comunidad sobre financiación local» al «imponer nuevas condiciones» a los ayuntamientos en este
sentido, «infringiendo» además el Estatuto de Autonomía, que «prohíbe modificar la financiación local mediante decreto-ley», concretamente el 6/2020, que modifica el Fondo de Cooperación Económica Local General vinculado a ingresos derivados de los impuestos cedidos y que en 2020 cuenta con una dotación de 37,3 millones de euros. La responsable socialista ha señalado que la decisión «unilateral» del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco afecta a los fondos destinados a las diputaciones y los municipios de más de 1.000 habitantes. Se trata, ha sostenido Barcones, de un «nuevo episodio» de toma de decisiones «adoptadas sin ningún consenso y modificando las reglas del juego en mitad del partido, una actitud que está enfrentando a toda la sociedad con la Junta de Castilla y León». Así, ha explicado que las instituciones provinciales y ayuntamientos superiores a 20.000 habitantes «ya no tendrán que dedicar a políticas de empleo el 50 por ciento de estos fondos para hacer frente a los desafíos demográficos, cuando más falta hacen políticas de apoyo al empleo». Sin embargo, ha añadido Barcones, la otra mitad que hasta ahora podían destinar con plena autonomía a las necesidades que apreciaran en su propio territorio, «lo tendrán que asignar obligatoriamente» a inversiones para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, «precisamente cuando las políticas frente al Covid-19 ya han obligado a otro tipo de gastos de limpieza y apoyo a las personas y familias con más necesidades, a autónomos y empresas, para sostener la actividad económica y el empleo». Por lo que respecta a los municipios de entre 1.000 y 20.000 habitantes, que antes recibían de este fondo recursos incondicionados, los tendrán que dedicar ahora en su totalidad a inversiones para cumplir los ODS. «Esta decisión es un hachazo a la autonomía local, consagrada en la Constitución, el Estatuto y la Carta Europea de Autonomía Local. Es un desprecio sin precedentes a los ayuntamientos de nuestra Comunidad», ha advertido. Además, ha añadido, supone una «nueva e innecesaria carga administrativa» de justificación del destino de estos fondos, antes incondicionados, y simplemente sometidos a la fiscalización interna y externa.«Se complica la gestión local cuando más necesaria es la agilidad y la eficacia en la acción pública. En la Junta, la burocracia se impone a toda racionalidad», ha sostenido Barcones, quien ha insistido en que esta decisión «se toma unilateralmente, mediante decreto-ley, rompiendo un pacto político de Comunidad sobre financiación local», un pacto en materia de empleo y sin contar con el Consejo de Cooperación local, con la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, ni con la propia FRMP. «No cabe mayor desprecio a las reglas de la lealtad política e institucional, que constituyen las bases de la práctica democrática», ha reiterado. «Flagrante incumplimiento» Barcones ha cargado contra la Junta con «incumplir de forma flagrante el Estatuto de Autonomía», que reserva a Ley de Cortes la materia de la financiación local (art. 55.3), que por tanto queda prohibida para su regulación mediante Decreto-ley (art. 25.4). «La Junta ha pretendido evitar la participación ciudadana y de las entidades locales en el proceso de elaboración de esta norma, además de la intervención del CES y el Consejo Consultivo, que les hubieran sacado los colores a la vista de este despropósito», ha añadido. Por último, Virginia Barcones ha destacado que «no se le pueden cambiar las reglas de gasto y ejecución del presupuesto» a las entidades locales «a mitad del ejercicio, en un año de gasto extraordinario como consecuencia de la crisis sanitaria y sus secuelas económicas y sociales, frente a las que han sabido actuar con solvencia y responsabilidad, poniendo por delante las necesidades de los vecinos».
FUENTE DIARIO ABC: