La exsenadora colombiana Piedad Córdoba, una de las figuras más activas en las movilizaciones para apoyar el proceso de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de su país
(FARC), anunció este sábado que se aleja de la política activa por la “depresión” sufrida tras su candidatura presidencial de 2018.
En 2010 Córdoba fue destituida del cargo por presunta colaboración con las FARC pero en 2016 el Consejo de Estado falló a su favor y dejó sin efecto la sanción e inhabilitación para ejercer cargos.
“Tomé la decisión de lanzar mi candidatura a la Presidencia de la República. La FARC les prohibió a muchos de sus miembros que me ayudaran a recoger las firmas, me quemé mucho políticamente por que se acabara la guerra“, explicó Córdoba en una entrevista con Telemedellín. “Entré en una depresión muy profunda. Terminé recluida en una clínica en La Habana a finales del año pasado”, ha indicado.
La excongresista explicó que se dedicó “por completo a sacar ese proceso (de paz) adelante”, por lo que para ella fue “muy duro” que cuando requirió apoyo para su candidatura presidencial, todos los sectores alternativos le dieron la espalda. “Para mí eso fue un golpe emocional muy fuerte“, ha señalado.
Por eso, dijo que tomó la decisión de retirarse “de absolutamente todo. Yo no vuelvo, aquí la política es muy rastrera. Me harta sobremanera que la política se haga insultando. Al Congreso no vuelvo ni amarrada”.
En la entrevista, la exsenadora se refirió también a su relación con el oficialismo venezolano y Nicolás Maduro. “Hace aproximadamente dos años” no habla con Maduro, aseguró. “No porque esté brava, no tengo ni siquiera el teléfono del presidente”, dijo.
Respecto al senador Gustavo Petro, apuntó que él la prefiere “a kilómetros” pues dice que ella “le quitaba votos, que con el tema de las FARC le hacía perder votos. Me llamó mucho la atención porque yo nunca he sido guerrillera, nunca he cogido un fusil”.
Piedad Córdoba fue senadora entre 1998 y 2010, hasta que en septiembre de ese año fue destituida por la Procuraduría, que la inhabilitó también por 18 años por presuntos nexos con la guerrilla de las FARC. Sin embargo, en 2016 el Consejo de Estado tumbó la decisión y ordenó a la Procuraduría pagarle una indemnización de 1.300 millones de pesos (unos 318.000 euros).
Con información de DPA
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