La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tendrá que pronunciarse sobre los ataques del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, a los medios de comunicación críticos. La portavoz del PP en el
Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha solicitado que el Defensor del Pueblo intervenga e investigue el acoso del líder de Unidas Podemos a la prensa mediante un escrito que la Mesa de la Cámara tendrá ahora que calificar. Este órgano está controlado por el PSOE y Unidas Podemos pero si la formación morada decide oponerse a la investigación, la suma de socialistas y populares también sería suficiente para que la iniciativa siguiera su trámite y fuera trasladada al Defensor del Pueblo. Si por el contrario, Batet y los otros dos representantes del PSOE decidieran bloquearla trasladarían una imagen de connivencia con Iglesias de la que han huido desde la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a la ministra de Defensa, Margarita Robles, o la tiular de Exteriores, Arancha González Laya. En su escrito, los populares justifican la intervención del Defensor del Pueblo ante «los ataques, insultos y actitud intimidatoria del vicepresidente segundo del Gobierno dirigidos contra los medios de comunicación y profesionales que están informando sobre su participación en el conocido como «caso Dina». El primer partido de la oposición denuncia «la posible vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de información y expresión; por el manifiesto incumplimiento de los deberes inherentes a su condición de miembro del Gobierno y por el posible abuso de poder que se puede estar produciendo, así como por la utilización en beneficio propio de las instituciones del Estado». Además, ha registrado una pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su valoración de la «deriva totalitaria» de Iglesias. Los populares han rematado esta ofensiva solicitando la comparecencia urgente de Iglesias ante la Comisión de Calidad Democrática del Congreso. Reclaman explicaciones por «su actitud intimidatoria y de sus declaraciones públicas cuestionando la honorabilidad y la profesionalidad de algunos medios de comunicación y periodistas que han ofrecido información y opiniones críticas relacionadas con su implicación en el caso Dina».
FUENTE DIARIO ABC:
