Bruselas (corresponsal).- La Defensora del Pueblo de la Unión Europea, la irlandesa Emily O’Reilly, anunció la apertura de una investigación para comprobar si la Comisión Europea violó sus propias normas al
acordar el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, anunciado hace un año. Bruselas, según la denuncia recibida por O’Reilly, no habría esperado al preceptivo análisis de impacto se sostenibilidad. Por Idafe Martín
La Defensora Del Pueblo de la UE espera ahora la respuesta de la Comisión Europea. De tener razón los denunciantes, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la UE. Los jueces podrían llegar a anular el acuerdo.
O’Reilly escribió el miércoles a la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Úrsula Von der Leyen. En su carta le explica que recibió cinco denuncias de organizaciones de la sociedad civil y que decidió “abrir una investigación para examinar las preocupaciones señaladas por los denunciantes”.
El problema está en el hecho de que la Comisión Europea no habría cumplido con la obligación de publicar un Análisis de Impacto de Sostenibilidad (SIA, por sus siglas en inglés) actualizado antes de acordar con Mercosur. Ese análisis no estaba terminado cuando se anunció el acuerdo, según las denuncias recibidas por O’Reilly.
Al no respetar esa exigencia, según los denunciantes –a los que O’Reilly da credibilidad porque el Ejecutivo europeo no ha sabido explicar dónde estaba el análisis de impacto cuando se acordó con Mercosur-, Bruselas cometió dos ilegalidades.
En primer lugar, obvió sus propias normas sobre el uso de análisis de impacto de sostenibilidad en materia de negociaciones comerciales. Y, más grave, violó el artículo 21 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que contiene los objetivos de sostenibilidad que los acuerdos firmados por la UE deben respetar.
Además, los denunciantes aseguran que el análisis de impacto de sostenibilidad no estuvo disponible cuando la Comisión Europea abrió un plazo de consultas públicas sobre el acuerdo, por lo que les fue imposible añadir comentarios sobre si el acuerdo respetaba los objetivos de sostenibilidad.
O’Reilly da tres meses a la Comisión Europea para que responda a una serie de preguntas. Le exige que le detalle si los funcionarios que negociaron el acuerdo tenían un manual sobre el uso de los análisis de impacto de sostenibilidad y, de ser así, se lo entregue. La Comisión Europea también debe demostrarle que cuando cerró ese documento de análisis lo hizo usando toda la información disponible.
La Defensora del Pueblo va más allá. Bruselas debe responderle si la producción del análisis de impacto de sostenibilidad tardó más de lo común, si los negociadores europeos con Mercosur tuvieron acceso al menos a los resultados preliminares del análisis o si, violando toda la normativa, acordaron sin haber tenido esos datos. Para terminar le pregunta a la Comisión Europea cuándo piensa publicar el análisis de impacto y su posición sobre el mismo.
Clarín