La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió ayer una carta al ministro del ramo, Salvador Illa, en la que le solicita que aporte los datos de las comunidades
que no informan sobre el impacto del Covid en las residencias, cuando Castilla y León sí lo ha hecho en tiempo y forma. El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, calificó la actitud del resto de autonomías de «vergüenza» y destacó que la Comunidad ha enviado 23 informes (uno más de los solicitados) y «ha cumplido escrupulosamente», por lo que «tienen que decir quién no ha enviado esos informes». En este punto, mostró una gráfica del propio Ministerio que detalla, aunque sin poner los nombres de las comunidades, la cantidad que ha presentado cada una y sólo la castellano y leonesa ha cumplido. Igea consideró «intolerable que mientras los portavoces de la oposición exigen información (en alusión al PSOE y a Podemos) no se diga qué regiones no han informado, lo que es muy poco respetuoso con la ciudadanía». Reclamó, así, que dejen de escudarse en el anonimato y den a conocer cómo ha afectado el Covid a las residencias de cada región. Francisco Igea anunció que el Gobierno autonómico trabaja para que los trabajadores públicos de servicios sociales tengan también una gratificación, de la misma forma que la recibirán los profesionales de la sanidad. «Es de justicia», señaló la consejera Verónica Casado, de forma que unos 3.000 empleados podrían también tener esa paga. De momento, el personal sanitario la recibirá con la nómina de junio -el coste total para las arcas autonómicas es de 20 millones-. Casado puntualizó que «hay profesionales a los que ningún dinero es suficiente para agradecer su entrega».
FUENTE DIARIO ABC: