Ante el juez Julián Ercolini, la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita pidió la inhibición general de bienes de los ex directores del Banco Nación durante la gestión de
Mauricio Macri como había requerido la Unidad de Información Financiera (UIF), y también solicitó que la misma medida se aplique a los directores del Grupo Vicentin y que además se disponga la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A. y la prohibición de innovar sobre su composición accionaria. El requerimiento se formuló en el marco de la investigación de los créditos por $ 18.500 millones que el gobierno anterior concedió a la cerealera.
El pedido alcanza Javier González Fraga, Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce entre otros ex funcionarios del Nación, y a los representantes de la empresa Roberto Vicentin, Osvaldo L. Boschi, Martín S. Colombo, Hernán R. Vicentin, Alberto Macua, Máximo Padoan, Daniel Buyatti y Sergio Nardelli. Es un dictamen muy duro, donde el fiscal da por corroborada la “connivencia” de estos actores, en favor de la compañía y afectando los intereses del Estado.
Al momento de justificar el pedido de inhibición de bienes, Pollicita indicó: “Los funcionarios involucrados cuentan con conocimientos técnicos que les permitirían desprenderse rápidamente de sus bienes“. En cuanto a los empresarios, señaló que junto con las sociedades “poseen y forman parte de un conglomerado societario de numerosas empresas donde movilizar bienes o dinero, cuentan con una estructura de contadores, escribanos y abogados con capacidad para trasladar dinero, detentan medios económicos y financieros suficientes para costear maniobras que permitan esconder el patrimonio para evitar la acción de la justicia”.
El caso que lleva adelante el fiscal Pollicita comenzó a raíz de la denuncia en base al primer informe elaborado por Claudio Lozano, actual director del banco, quien analizó la situación económica de la firma y los préstamos otorgados por la anterior gestión de la entidad pública, cuando la empresa anunciara públicamente que se encontraba en una situación de “estrés financiero” que no le permitiría hacer frente a sus obligaciones.
La denuncia remarcó la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a “través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin S.A. lo que le permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos, los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos”.
En paralelo, según la denuncia, “Vicentin tuvo un considerable crecimiento aumentando notablemente sus ventas, lo que le permitió pasar de ser la decimonovena empresa con mayor facturación del país y la cuarta cerealera en ese ranking en el año 2015, al sexto puesto general y primero en su actividad en el 2018, al mismo tiempo que verificó un aumento en sus pasivos, conformados por deudas con distintas instituciones financieras, entre ellas el BNA”.
El fiscal Pollicita ya dio por corroborada algunas de las maniobras. En el dictamen al que accedió Clarín, en el que pidió la inhibición de bienes, sostiene que “los funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria“.
Esto se sostiene, según la fiscalía en el otorgamiento “irregular de millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin S.A. y Algodonera Avellaneda S.A., apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento “posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.
Clarín