La segunda jornada del juicio civil sobre la propiedad del Pazo de Meirás ha girado alrededor de cómo se obtuvieron los recursos para su compra en 1938 y posterior donación a Francisco
Franco, y quién corrió con los gastos del inmueble desde entonces hasta 1975, fecha en la que falleció el dictador. Los autores del libro Meirás, un pazo, un caudillo, un expolio, las investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, han sostenido en sala que el entonces Jefe del Estado no abonó de su bolsillo un solo gasto derivado de la propiedad del mismo. Por la tarde, el catedrático Xosé Manuel Núñez Seixas ha sostenido que la idea inicial de la Junta Pro-Pazo del Caudillo no era donarle el inmueble a Franco para que lo incorporara a su patrimonio privado, sino que fue la incorporación al Estado, idea que posteriormente se desechó. Por su parte, la defensa ha intentado rebatir estas declaraciones exhibiendo documentación de gasto privada del dictador y desacreditando algunas de las afirmaciones expuestas en el citado libro por falta de sustento documental. La idea de quién pagaba los gastos de Meirás es fundamental en la demanda de la Abogacía del Estado. Para que se produjera la usucapión del Pazo por parte de la Administración debe probar que esta poseía en concepto de dueño el bien, es decir, ordenaba, ejecutaba y costeaba las acciones que tenían lugar en la residencia veraniega de Franco, por más que en el registro de la propiedad figurara este como propietario. Según han expuesto Babio y Pérez Lorenzo, la Casa Civil de la Jefatura del Estado ordenaba a la Comandancia de Obras de La Coruña las distintas actuaciones que debían realizarse en Meirás, tanto de perímetro de seguridad como de accesos, además del mantenimiento y conservación ordinarios del inmueble. «A partir de los 50 asume obras que nada tienen que ver con ese fin», ha asegurado Babío, como elementos ornamentales o reparaciones ajenas a la actividad del Pazo como sede institucional: una escalinata en el jardín, dos remodelaciones de las bibliotecas, reposición de pavimentos o la reparación de la pista de tenis. Y un gallinero. «Puedo afirmar sin equivocarme que la Casa Civil pagaba absolutamente todo lo relativo a las necesidades de Franco, y la línea que separaba lo público era difusa o inexistente», ha afirmado Babío, «Franco no pagaba nada». Además, los investigadores han destacado que en la contabilidad que figura en los archivos públicos han encontrado una carpeta en la que se recogían los gastos que se derivaban de la estancia anual de Franco en el Pazo. «En los últimos años aparecen gastos desde velas para la capilla a medias para Carmen Polo o medicamentos de todo tipo». Los abogados de los nietos del dictador, por el contrario, han exhibido en sala documentación de la Casa Civil que se refiere a cuentas privadas de Franco durante su etapa en la Jefatura del Estado. «¿Pero han buscado algún documento en el que Franco pagara algo?», ha inquirido Antonio Gil Evangelista, «¿o todo lo que hacía era como Jefe del Estado?». «Que tuviera una cuenta particular no significa que pagara», ha valorado Pérez Lorenzo. La defensa de la familia se ha centrado en rebatir precisamente que Franco sí asumía determinados gastos del Pazo, como por ejemplo la IBI urbana o la prima de los seguros que le correspondieran. En su libro, los investigadores sostienen que la contribución la abonaba el Ayuntamiento de Ferrol, aunque este negó que exista constancia contable de esa afirmación. En sala, Babío y Pérez Lorenzo se han aferrado a que eso era «vox pópuli» en Ferrol. «La falta de un documento no acredita el relato contrario», han sostenido. El letrado Gil Evangelista ha recordado los recibos de IBI abonados por Franco que obran en la causa. «Puede haber recibos a nombre de Franco, pero estoy seguro de que no los pagaba», ha insistido Babío sin dar su brazo a torcer. «¿Pero si no lo pueden constatar cómo pueden afirmar que lo pagaba el Estado?», ha replicado la defensa, que ha dejado entrever una confusión respecto a que el consistorio ferrolano asumía el IBI de la casa natal de Franco en la ciudad, y no de Meirás. Los investigadores han reconocido ignorar si el Estado participó en las obras de reconstrucción de Meirás tras el incendio de 1978.
FUENTE DIARIO ABC: