La Fiscalía General de Venezuela ordenó el viernes la detención y el congelamiento de bienes de once miembros del equipo del líder opositor Juan Guaidó, quienes se encuentran fuera
del país, acusados de”traición a la patria”, por “despojar” al país de las reservas en oro almacenadas en el Banco de Inglaterra. Fue debido a la decisión del Tribunal Superior británico que concede el control sobre los lingotes al líder opositor venezolano.
“A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras (…) se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir”, anunció el fiscal general, Tarek William Saab, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.
Figuran en la lista Vanessa Neumann y Carlos Vecchio, delegados de Guaidó en Reino Unido y Estados Unidos; así como el diputado Julio Borges, exiliado en Colombia, encargado de las relaciones exteriores del líder parlamentario, reconocido como “presidente interino de Venezuela” por más de 50 países desde comienzos de 2019.
Entre esos once acusados también están los cinco miembros de la junta “ad hoc” nombrada por Guaidó para el Banco Central de Venezuela (BCV).
El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, es reconocido como mandatario interino por el gobierno de Gran Bretaña, como de otros 50 países.
Se trata del presidente de esa junta, Ricardo Adolfo Villasmil, así como Giacoma Cuius Cortesia, Manuel Rodríguez Armesta, Nelson Andrés Lugo y Carlos Antonio Suares, detalló Saab.
Para Saab, la decisión adoptada por el juez británico Nigel Teare “no es judicial, sino política”, puesto que el magistrado “se sometió a la postura política del gobierno británico” que reconoció “al supuesto presidente interino”, en referencia a Guaidó, al que el Reino Unido reconoce como autoridad en Venezuela, tras considerar ilegítima la elección de 2018 en la que Maduro se proclamó ganador para un nuevo mandato que asumió en enero de 2019.
El juez británico tomó esa decisión este jueves y también decidió que “no es justiciable” -es decir, que la Corte no puede someter a examen- la legalidad con base al derecho venezolano de los nombramientos a la junta del BCV realizados por Guaidó, que fueron declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Las 31 toneladas de oro de Venezuela, guardadas en el Banco de Inglaterra, están valuadas en unos 1.450 millones de dólares,
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra, que se declaró “en medio de las partes” en disputa en este proceso, puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega.
Saab explicó que la Fiscalía también ha solicitado la detención y congelamiento de bienes “a los falsos funcionarios de la denominada oficina del procurador especial” nombrada por Guaidó, ya que considera que los trabajadores de ese departamento “autorizó la actuación de un bufete estadounidense en este litigio”.
“A todos estos criminales que han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras y se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina y que además se han enriquecido agrediendo al país, se les imputan los delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir”, concluyó el fiscal general de Venezuela.
El Ministerio Público solicitó “órdenes de aprehensión y congelamiento de bienes” contra los acusados, afirmó Saab. No habló, sin embargo, de procesos de solicitud de extradición.
Tras la decisión del tribunal británico, Guaidó, que no controla ningún aspecto de la burocracia dentro de Venezuela, celebró la decisión y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas de un “saqueo”.
“Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán como tal y en Inglaterra para su protección, del proceso judicial y de su integridad. ¡Oro protegido del saqueo del régimen!”, escribió en Twitter.
Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro calificó como un “delito de exterminio” que el juez Nigel Teare les haya negado el acceso al oro.
El abogado del gobierno de Maduro en este asunto, Sarosh Zaiwalla, anunció el mismo jueves, día en que se conoció el fallo, que “el Banco Central de Venezuela solicitará el permiso del tribunal para apelar este veredicto, por considerar que ignora completamente la realidad de la situación sobre el terreno”.
Maduro asegura que quiere usar ese oro para comprar los insumos necesarios para combatir la crisis generada por la pandemia de coronavirus, si bien Guaidó avisa de que “solo fomentará aún más la corrupción”.
“Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio”, dijo en la televisión pública la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez.
“El oro es de los venezolanos, no es de esta banda de pillos, que pretenden pagar favores políticos con el territorio y los recursos de Venezuela al Reino Unido, para poder satisfacer sus intereses personales y de los Estados Unidos”, enfatizó Rodríguez, según citó la cadena VTV.
Contra Guaidó cursan varias investigaciones penales en la justicia venezolana, aunque nunca se pidió su detención.
Fuente: EFE y AFP
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