La Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitó ayer a la Fiscalía que informe sobre competencia, posible acumulación y fondo del asunto de un total de 51 denuncias y querellas registradas desde que
se decretó el estado de alarma contra miembros del Gobierno en relación con la crisis del coronavirus. Tras recibir el informe del fiscal, la Sala decidirá sobre la admisión o inadmisión. En concreto, se trata de 36 denuncias y 15 querellas. Será así el departamento que dirige Dolores Delgado el primero que se pronuncie en el Alto Tribunal sobre el horizonte procesal de los aforados a los que los querellantes consideran responsables penales de los errores en la gestión de la crisis del coronavirus: el presidente del Gobierno y sus ministros, pues los presidentes de las comunidades autónomas y demás cargos políticos no son aforados del Alto Tribunal. No obstante, por razones obvias (dio el salto del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General sin solución de continuidad), Delgado no intervendrá en la posición que adopte el Ministerio Público al respecto. Será el teniente fiscal del Supremo y número dos de la Fiscalía Luis Navajas, el que asuma esta postura. Negligencia del Ejecutivo Las querellas y denuncias son muy variadas y se interponen por la reacción tardía o negligente a la hora de tomar medidas para evitar la propagación del virus, así como por la falta de medios o las mascarillas defectuosas. Entre los denunciantes hay partidos políticos, asociaciones de guardias civiles, organizaciones médicas o de enfermeros, sindicatos de funcionarios, Abogados Cristianos y, por supuesto, víctimas, bien en asociaciones o particulares. La más llamativa en términos cuantitativos es la que aglutina a 3.200 familias. Las acusaciones se centran en especial en el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y algunas se extienden también a sus 22 ministros. Una vez que la Fiscalía informe, un trámite para el que no cuenta con un plazo concreto, la Sala de Causas Especiales que preside Manuel Marchena deberá decidir sobre el horizonte procesal de cada una de estas denuncias, que podrían ser agrupadas en bloques temáticos para agilizar su tramitación. En las que sean admitidas, se nombrará a un instructor, que practicará las diligencias oportunas.
FUENTE DIARIO ABC: