La ratificación del proyecto “que establece medidas de racionalización del gasto público” tenía dictamen de las comisiones de Legislación y de Cuenta y Control, mientras que la comisión
El senador proyectista, Sergio Godoy, lamentó que la normativa pasara de ser de una reivindicación a un proyecto que viola el derecho a la información, supuestamente, con la limitación de la publicidad estatal, por lo que fue suprimida por la Cámara Baja.
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Asimismo, señaló que los diputados excluyeron la tipificación de lesión de confianza, eliminaron multas y la definición de autoridades de rango superior, cuestiones que dijo ser relevantes en materia de lucha contra la corrupción.
Solicitó a sus colegas reforzar su posición con el apoyo al primer documento y pidió que se terminen los clanes en el Estado.
Por su parte, el senador Silvio Ovelar, vocero de la comisión de Hacienda, defendió el dictamen de Diputados. “Estamos de acuerdo con el texto de la Cámara de Diputados, porque corrige algunos puntos que eran inaplicables. En la Comisión de Hacienda estuvimos de acuerdo con aprobar la versión de la Cámara de Diputados”, indicó.
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El proyecto plantea que los salarios ahora ya no podrán ser superiores al del presidente de la República, quien percibe al mes G. 37 millones (17 salarios mínimos). Sin embargo, la versión de los diputados deja de lado a la Itaipú Binacional y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
Igualmente, la normativa pretende eliminar los cuestionados cupos de combustible, los servicios de cátering y el uso discrecional de las líneas de telefonía. El documento también contempla un control especial hacia el nombramiento de asesores y parientes dentro de la función pública.
Los viajes con recursos públicos también son limitados por la iniciativa, pero los diputados incluyeron algunas excepciones como a los titulares de los Poderes del Estado, la Senatur, con una resolución o decreto que justifique el traslado.
El documento vuelve a la Cámara de Diputados, donde se definirá cómo quedará el proyecto.