La Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de la provincia de Santa Fe insiste en que los dueños del Grupo Vicentin debe ser desplazados de la administración de la compañía. En el
expediente que el juez Fabián Lorenzini creó la semana pasada para dirimir este planteo, el organismo presentó pruebas para sostener sus acusaciones contra la cerealera y mantener así lo que se conoció como el “Plan Perotti” después que una decisión judicial repusiera al directorio natural mientras la firma está en concurso de acreedores.
“Inspección General de Personas Jurídicas C/Vicentin SAIC Intervención de la Administración”, es el nuevo incidente que se creó vinculado al concurso de acreedores de la compañía cerealera por decisión del juez Lorenzini. Ese expediente tiene como finalidad dar tratamiento -sin detener el proceso concursal- a los planteos de la IGPJ santafesina, que pidió la intervención de Vicentin y además que se anule la decisión que repuso a los dueños frente a la administración y redujo el rol de los interventores del Gobierno al de “veedores informantes”.
En este marco, el organismo provincial tenía tres días para aportar pruebas que funden sus acusaciones, mientras se le dio intervención al Fiscal General de Santa Fe para que investigue si corresponde realizar una denuncia penal.
La IGPJ había planteado a Lorenzini que vuelva intervenir a la compañía, sumando un interventor de la Provincia a los que había dispuesto el presidente Alberto Fernández. Pero el juez decidió que el análisis de ese pedido, como el de la nulidad de su resolución con la que repuso al directorio en su rol de administrador, se trataría en un incidente separado del concurso.
“Los hechos informados y las situaciones jurídicas traídas a conocimiento de este Juzgado Civil y Comercial por parte de dicha funcionaria (la directora de la IGPJ), constituyen un acontecimiento jurídico procesal hasta ahora inexistente en el expediente concursal, razón por la cual deberán ser cuidadosamente examinados”, sostuvo en su resolución el juez Lorenzini y creó este nuevo expediente.
Lo que se analiza en este incidente es el pedido de la IGPJ de intervención especial del Grupo Vicentin. El “Plan Perotti” sostiene “la existencia de un complejo entramado societario que requiere control, la eventual falta de idoneidad empresaria por parte de los actuales integrantes del órgano de administración de la sociedad concursada, los posibles perjuicios al interés general”, entre otros puntos.
Las supuestas pruebas de esas afirmaciones fueron presentadas este lunes a través de un escrito de 14 páginas al que accedió Clarín. Allí se planteó que había que tener en cuenta las vinculaciones societarias ya que “en el pedido de apertura del concurso -especialmente el anexo sobre estado del activo y del pasivo presentado el 27 de febrero- Vicentín indica sus participaciones en otras sociedades”. La IGPJ busca desmentir “que fueran tan minoritarias, según surge también de dichos de la propia concursada, a través de los estados contables de su página web, todo lo cual tiene valor confesional”.
Por ello, el organismo aportó “información de la web del grupo Vicentín, donde se demuestra que hace suyas todas las empresas en las que dice contar con participaciones ínfimas“. También adjuntaron “estados contables no sólo de Vicentín sino de diversas sociedades de las que Vicentín forma parte, en algunos casos con control declarado, en otros no; en algunos casos es accionista directa; en otros lo son sociedades que ella controla“.
Estados contables, incluyendo balance general, memoria, informes de sindicatura societaria y de auditoría externa correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2019 son parte de los documentos que el gobierno de Santa Fe pide que presente Vicentin, poniendo en duda la constitución de su formación societaria.
El organismo provincial también aportó información accionaria del Grupo Vicentin respecto a su participación en Renova S.A, que integra al 50% , algo que según la IGPJ se firmó “el 15 de febrero de 2019, o sea menos de diez meses antes de la cesación de pagos. Parece de otra empresa”, sostuvo el Gobierno provincial y para reforzar su denuncia, aportó actas de asamblea poniendo en duda la crisis financiera aducida por la compañía.
La Inspección de Personas Jurídicas también sumó a su presentación judicial un informe de la Sindicatura General de la Nación fechado el 25 de junio de 2020, donde remarca que hay “serias falencias en el desempeño de la administración societaria, que sobradamente configuran el peligro en la demora para justificar una intervención”. Por ello, insistieron con una pronta resolución respecto al desplazamiento de los dueños frente a la administración.
Se señalaron otras posibles irregularidades, como la ausencia de un libro diario -un registro elemental- y que la caja entre las distintas sociedades es compartida, “manifestando el tesorero bajo su firma que parte de los billetes son de la concursada y otros de diversas sociedades; no hay seguridad informática; no se pudo conciliar el inventario de bienes de uso, donde hay precariedad en nóminas y falta de homogeneidad en valuaciones; inclusión de gastos por mejora en avión cuando no se declaró tener ningún avión; mezcla de chequeras de todas las sociedades, incluidas algunas en las que Vicentín declara tener participaciones ínfimas”.
“¿Verdaderamente considera el Tribunal que hace falta más prueba que la descripción hecha por ellos mismos?”, punza el organismo santafesino.
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