Colombia: investigan otro caso de abuso de una menor indígena por parte de militares

una menor de edad indígena, esta vez en el departamento de Guaviare, según informó el diario bogotano El Tiempo.

Este hecho, que según informó el Ejército de Colombia​, ocurrió en septiembre del 2019 y se suma al que ocurrió la semana pasada en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, en el que siete soldados violaron a una niña embera chamí.

En un comunicado el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, lamentó el abuso sexual a la menor en Guaviare, que involucra a militares, y dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido “se inició la indagación disciplinaria”.

Mirá también

Mirá también

Indignación en Colombia por la violación de una niña indígena por un grupo de soldados

Este proceso disciplinario fue pedido por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año, y según indicó el Ejército, la entrega del caso al Ministerio Público está en trámite.

El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva añadió que han prestado toda la colaboración y atendido todos los requerimientos de las autoridades judiciales y entidades de control, en el desarrollo de sus investigaciones y procedimientos, detalla El Tiempo.

El Ejército concluyó que rechazan las agresiones contra niños y que por ello “en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley”.

Mirá también

Mirá también

Siete militares admitieron haber violado a una menor indígena en Colombia

Estos casos de abuso sexual contra menores indígenas por parte del Ejército han levantado el repudio de todos los rincones del país, y hasta se han escuchado voces que piden que se les aplique a los militares involucrados la cadena perpetua que el Congreso aprobó hace poco para violadores y asesino de niños.

No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún. En el caso de la menor embera chamí violada por siete militares en Risaralda, el pasado 21 de junio, los uniformados -que ya aceptaron cargos- se enfrentan a condenas de hasta 30 años de cárcel.