Un empresario argentino, entre los 21 acusados por una causa de explotación sexual de adolescentes en Uruguay

Un empresario argentino de 63 años, que hace dos décadas está radicado en Uruguay y vive en Punta del Este, fue procesado en las últimas horas en el marco de una

causa por explotación sexual de adolescentes en ese país.

Según el diario El País, con el argentino, acusado de “reiterados delitos de retribución o promesa de retribución para realizar actos sexuales”, ya son 21 los imputados, entre los que figura un juez, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, políticos y varios empresarios.

Aunque creen que finalmente serán unos 30 los que vayan a juicio, por lo pronto hay tres prófugos: un argentino, un brasileño y un uruguayo. Uno sólo de los 21 detenidos está preso y la única mujer de la causa fue acusada de proxenetismo.

En Uruguay se conoció la investigación como “Operación Océano”. Comenzó a fines de 2019 y destapó una trama que involucra a profesionales y empresarios de diferentes países que ofrecían plata, viajes y regalos a adolescentes para tener sexo con ellas.

Todo comenzó con la denuncia de abuso de una de las víctimas, a quien en su celular le encontraron una lista de contactos de unos 30 hombres con los que se contactaba a través de páginas web y aplicaciones, tales como Tinder, Badoo o WhathsApp. 

Hoy la Justicia uruguaya trabaja con seis víctimas, todas menores de edad.

En poco más de seis meses, ya hay 21 acusados y, según el diario El País de Uruguay, el último cayó este fin de semana: el empresario argentino, del que no trascendió el nombre, fue detenido al regresar luego de haber viajado a la Argentina a principios de marzo, cuando llegó el coronavirus a América del Sur.

En el marco de la pandemia, y ante la cuarentena por coronavirus impuesta, fue que se enteró el sospechoso que la fiscal de Delitos Sexuales de Uruguay, Darviña Viera, había pedido su captura a la Dirección de Crimen Organizado.

El argentino quiso viajar para ponerse a derecho, pero por la cuarentena ​no pudo salir de Argentina: no tenía residencia ni documento de identidad uruguayo.

Incluso, el abogado del empresario acusado, Alejandro Balbi, hizo gestiones ante la Cancillería​, pero recién el viernes pasado pudo viajar y no bien pisó Uruguay, fue detenido: luego de retenerle el pasaporte, de prohibirle acercarse a las víctimas y de que fijara domicilio en Montevideo, recuperó la libertad.

Según ICN Diario, hace varios años en la Argentina fue procesado por un caso de corrupción en la obra pública.