Un acuerdo en la interpretación del protocolo virtual -para contar su vigencia con días hábiles y no de corridos- fue el salvoconducto que el presidente de Diputados, Sergio Massa, y los
jefes de bloque de Juntos por el Cambio encontraron para poder sesionar el jueves pasado y aprobar un paquete de proyectos de consenso pendientes.
Sin embargo, ahora el reglamento oficialmente venció, la oposición insiste en que no avalará su extensión para tratar temas ligados a Vicentin o el “impuesto a los ricos”, y la discusión volvió a foja cero.
“No están dadas las condiciones para debatir esos temas en forma remota”, declaró días atrás el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara baja. “Temas controversiales y de alta sensibilidad política son imposibles de tratar en forma remota. No se puede cercenar el debate parlamentario. No vamos a avalar el protocolo a menos que sea para tratar proyectos de común acuerdo“, había agregado ante Clarín, Maximiliano Ferraro, jefe de la Coalición Cívica.
Pasaron los días pero la postura de JxC no cambió. Con la nueva cuenta, el protocolo venció el viernes. Según el propio texto, para extenderlo 30 días más se requiere “consenso” de los jefes de bloque reunidos en labor parlamentaria. Esta semana, Massa tiene previsto convocar a una reunión por videoconferencia con todos los jefes de bloque para empezar a conversar una salida acordada.
La discusión sobre este tema empezó cuando se esperaba que el Ejecutivo envíe un proyecto de expropiación de Vicentin. Aunque esa posibilidad parece haber quedado frenada, ahora hay otro proyecto ligado a la cerealera que la oposición tampoco quiere aprobar.
Se trata de la iniciativa del legislador kirchnerista, Oscar Parrilli – para crear una comisión bicameral que investigue la relación crediticia entre esa empresa y el Banco Nación- que ya recibió media sanción en una polémica sesión del Senado la semana pasada. Juntos por el Cambio denunció “atropellos” por parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner y asegura que se aprobó en forma ilegal.
Otros sectores también encendieron las alarmas. “Es importante que el Congreso pueda ejercer plenamente sus facultades para investigar en el caso Vicentin. Debe hacerlo correctamente, para no seguir entregándole argumentos legales a la empresa. De lo contrario, es el Estado quien terminará pagando, una vez más. Así, vamos mal“, planteó este sábado el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez, en línea con Roberto Lavagna quien criticó que el Gobierno quiera investigar Vicentin “pasando por encima de procedimientos legales”.
Lo cierto es que si bien el proyecto de esa bicameral todavía no fue girado a Diputados, ya genera tensión, al igual que el demorado “impuesto a los ricos”. Esta semana, la diputada Fernanda Vallejos, dijo que se presentaría “en las próximas semanas” junto a un “paquete impositivo”.
En el oficialismo aseguran que no hay una sesión prevista en el corto plazo, ni temas “urgentes” que hayan quedado en el tintero.
Señalan, en cambio, que hay un listado de iniciativas sobre las que hay consenso para avanzar como una ley de rescate al turismo y la gastronomía, con créditos y eximición de impuestos -un pedido del propio ministro de Matías Lammens-; una iniciativa para congelar alquileres de comercios y suspender desalojos y una moratoria a monotributistas y PyMEs.
Pero el problema es que las comisiones no pueden dictaminar si no hay protocolo virtual en vigencia.
En la última reunión de labor parlamentaria -antes de la sesión del jueves- el tema del protocolo virtual no se tocó. Solo se acordó cómo sería el debate.
Ese día se aprobó la media sanción a la Ley de Economía del Conocimiento, la Ley de Teletrabajo y la ley para crear una campaña nacional de plasma. Todos los temas fueron girados al Senado.
En la Cámara alta la discusión sobre el protocolo virtual ya está viciada. El decreto emitido por Cristina Kirchner fijaba que en forma remota solo se tratarían temas ligados a la pandemia. Sin embargo, Juntos por el Cambio denunció que fue violado porque el Frente de Todos llevó al recinto otros proyectos, como la bicameral de Vicentin y el rechazo al DNU de las escuchas dictado por Mauricio Macri.
Su protocolo también vencerá en las primeras semanas de julio y dada la tensión creciente entre oficialismo y oposición, esa renovación será aún mas complicada.
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