Cada vez más políticos y analistas atribuyen al instinto de supervivencia de Jair Bolsonaro la razón por la que el presidente de Brasil moderó en los últimos días su comportamiento conflictivo
para adoptar uno más cauteloso, no exento de patinadas propias de su naturaleza beligerante.
“Él no es así, su alma está tomada por el conflicto. Pero hoy está menos conflictivo y más predispuesto a conciliar. Va ganando el sistema institucional”, afirmó a Clarín el politólogo Alberto Carlos Almeida, autor de “La cabeza del brasileño”, aludiendo a los límites que recientes decisiones del Poder Judicial establecieron en torno al gobierno del ultraconservador Bolsonaro y sus simpatizantes más radicales.
Bolsonaro viajó el viernes al estado de Ceará, en el nordeste de Brasil, para cumplir una agenda normal para casi cualquier presidente, aunque inusitada para el jefe de Estado brasileño, al menos en los últimos meses: inaugurar un trecho de una obra pública, la transposición de aguas del río San Francisco, iniciada en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
Es que iniciada la pandemia desatada por el nuevocoronavirusy especialmente cuando se hizo evidente que el desastre sanitario se apoderaba de Brasil, el país que con más de 55.000 fallecidos es el que más muertos tiene en el mundo por Covid-19 después de Estados Unidos, Bolsonaro prácticamente limitó sus actividades a encuentros en el Palacio y paseos por Brasilia, a participar en manifestaciones con consignas antidemocráticas, realizar esporádicas visitas a cuarteles e inaugurar un hospital de campaña en el central estado de Goiás.
Un barbijo con la inscripción “fuera Bolsonaro”, colgada durante una protesta contra el presidente en Brasilia, el domingo pasado. /AP
“Las instituciones son fuertes y la detención de Fabricio Queiroz tiene un impacto mental en Bolsonaro. Hay mucho en torno de ese amigo y ex asesor. Además, están las investigaciones en el Supremo Tribunal Federal y todo eso asusta a Bolsonaro. Está cercado”, agregó Almeida, quien apuesta por el momento que el presidente de Brasil conseguirá salvar su mandato, justamente gracias a la aparente y momentánea aceptación de que es mejor moderar el tono que convertirse en ex presidente antes de tiempo.
Almeida no está solo al hacer ese tipo de previsiones. Encuestas recientes mostraron resiliencia en la popularidad de Bolsonaro, que conserva la fidelidad de cerca de un tercio del electorado, y hay casi consenso entre analistas en relación a que ni los diputados ni los jueces del Supremo se mostrarán proclives a iniciar un proceso de destitución sin un movimiento popular masivo que lo exija.
Queiroz, detenido la semana pasada en una casa de un abogado de la familia Bolsonaro, es un ex policía amigo de larga data del presidente.
Ex funcionario en el gabinete del hijo mayor del mandatario, Flavio Bolsonaro, cuando el hoy senador era diputado regional en Río de Janeiro, Queiroz es un supuesto integrante de un esquema de corrupción que funcionaba en la Asamblea Legislativa fluminense. El organismo de control y prevención de lavado de dinero lo señaló por movimientos bancarios atípicos.
Una protesta en Río de Janeiro, contra la gestión del gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia de coronavirus. /EFE
Entre esos movimientos se encuentran transferencias de Queiroz a su hija Nathalia, que fue hasta el 2018 funcionaria en el gabinete de Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados. Según el análisis de esos movimientos financieros, Flavio retenía parte de los salarios de los funcionarios de su gabinete y los recursos eran supuestamente administrados por Queiroz.
Ampliamente considerado como un posible “hombre bomba” por el conocimiento de supuestos ilícitos en torno a la familia presidencial, Queiroz realizó transacciones financieras por más de un millón de dólares entre 2014 y 2017, según reportó O Globo.
Además del llamado “caso Queiroz”, Bolsonaro enfrenta sensibles investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellas el proceso sobre “fake news”, que busca identificar a los responsables de una maquinaria digital creada para disparar amenazas y calumnias contra integrantes de la corte suprema, que apunta a aliados y familiares de Bolsonaro.
“Está cercado, con la horca en el cuello. Eso lo obligó a retroceder”, apuntó Almeida. Otros analistas coincidieron, y recordaron las recientes detenciones de simpatizantes violentos de Bolsonaro, como la “influenciadora digital” y miliciana Sara Giromini, como otros límites judiciales de peso impuestos al mandatario y sus simpatizantes.
El fin de semana pasado, contrariando lo que ha sido casi una costumbre desde marzo, Bolsonaro no compareció a las manifestaciones en su favor en Brasilia, que han tenido como rasgo más llamativo los pedidos de cierre del Congreso y el STF.
Giromini, ex feminista y militante por el aborto legal, pasó a predicar fanáticamente contra la interrupción del embarazo y “el exterminio de la izquierda y la corrupción”, y lideró una manifestación contra el STF junto a enmascarados que portaban antorchas, emulando al siniestro Ku-Klux-Klan.
Al mando de un campamento autodenominado “Los 300 de Brasil”, pese a que sus miembros no superaban los 30, la militante bolsonarista profirió amenazas a un juez del STF.
En ese marco de enfrentamiento cerrado con el Poder Judicial, y con su base de apoyo crujiendo en el Congreso, Bolsonaro comenzó a dar cada vez más espacio en su gobierno a miembros del llamado “centrao”, integrado por partidos que suelen canjear su apoyo a gobiernos de toda laya y color por puestos en ministerios y empresas públicas para sus miembros.
Con esos grupos y un poder limitado, el debilitado Bolsonaro apuesta a terminar su mandato.
Brasilia, corresponsal
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