La fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha optado este miércoles por guardar silencio ante las informaciones que ponen en tela de juicio la actuación de los dos fiscales de Anticorrupción que
están a cargo del caso Villarejo. Con un «sin comentarios», en su departamento zanjaron la cuestión para disgusto tanto de quienes en el Ministerio Público consideran reprochable la conducta de Ignacio Stampa y Miguel Serrano en sus relaciones con la acusación popular que ejerce Podemos, como de los que ven en esa filtración un ataque a dos miembros de la carrera frente al que nadie sale a dar la cara. O al menos, no de momento. Según las fuentes consultadas por ABC, después de una breve conversación el miércoles en la que se habló de este asunto de forma superficial, este jueves tiene prevista una reunión con el fiscal Jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, que le explicará los hitos de esta parte de la causa centrada en el móvil robado a la asesora de Pablo Iglesias Dina Bousselham, cuyo contenido se encontró en los archivos del comisario Villarejo. No es una situación cómoda para Delgado, que se vio salpicada cuando en 2018, siendo ministra de Justicia, se difundieron los audios de una comida a la que asistió en 2009 junto a Villarejo y otros mandos. Entonces era fiscal de la Audiencia Nacional y acudió en compañía de su amigo y exmagistrado Baltasar Garzón, cuyo bufete representa hoy a tres de los imputados. Seguía como ministra cuando se la situó en una extradición bajo sospecha en el mismo procedimiento y en la que no había participado. Nunca ocultó a su entorno su malestar con los fiscales de Anticorrupción en aquella época ni su intuición de que las filtraciones salían de ahí. De hecho, cuando Pedro Sánchez decidió que pasara de ministra a fiscal general, cundió entre ciertos sectores la preocupación por el nivel de acceso que si quisiera, podría tener sobre Tándem y sus investigadores, que aún no tienen plaza fija. Diversas fuentes entienden que debería abstenerse. «Escándalo gravísimo» Ahora, esos dos fiscales están en el punto de mira. «El Confidencial» publicó ayer fragmentos del chat donde se coordinaba el equipo legal de Podemos, personado en Tándem como acusación. En la conversación, la abogada de Pablo Iglesias y su asesora Dina Bousselham, Marta Flor, trasladaba al resto detalles como que Anticorrupción planeaba instar un registro o llamar a más perjudicados. Era febrero de 2019 y la pieza, formalmente, se abrió en marzo y bajo secreto. Fuentes fiscales explican a ABC que en diciembre Bousselham había declarado ante la Policía Judicial como víctima y en aquella reunión con su letrada «no hubo filtración ni revelación» alguna. Descartan connivencia con Podemos y recuerdan la elevada cantidad de diligencias instadas por ellos a las que la Fiscalía se ha opuesto, como incluir en Tándem el apócrifo informe Pisa. Sin embargo, otras fuentes fiscales y jurídicas ven un «escándalo gravísimo» dado el cambio de tornas: en marzo de 2019 Iglesias era perjudicado, y ahora es sospechoso de delitos de revelación de secretos y daños informáticos que el juez, convencido de que Anticorrupción quiere exculparle, sigue investigando. Con este telón de fondo, esas fuentes entienden que lo que antes podía verse como una relación, cuestionable pero habitual, entre acusaciones, hoy puede interpretarse como que la Fiscalía echa una mano al vicepresidente guiando a su abogada. A quien no ha gustado el tema, por descontado, es algunos de los investigados en Tándem que barruntan ya acciones legales contra los dos fiscales.
FUENTE DIARIO ABC: