La ciudadanía en general, como también diferentes organizaciones civiles, algunas nucleaciones políticas y grupos de empresariales venían exigiendo desde hace años la publicación de las DDJJ de los funcionarios públicos.
La Corte reconoció el derecho de acceso a la información pública, contemplada en la Ley 5282, sobre las declaraciones juradas, según expresa la organización (Idea), dedicada al estudio y la promoción del derecho ambiental, pero también a la defensa de los derechos de acceso a la información, a la participación ciudadana y a la justicia.
Entre tanto, expone que en el año 2013, cuando se hicieron públicos los sueldos de los funcionarios, tras una sentencia judicial, se descubrieron numerosos casos de corrupción.
“Mañana se abrirán las páginas a una nueva y anhelada primavera de la información”, señala, en el marco de la posibilidad de que la ciudadanía pueda ejercer un mayor control sobre sus autoridades y funcionarios.
Cabe señalar que varios políticos fueron investigados en los últimos años por presuntas inconsistencias entre sus bienes desde el ingreso a la función pública, como es el caso de Miguel Cuevas, Javier Zacarías Irún, Óscar González Daher, entre otros.
“La liberación de las declaraciones juradas no representa un fin en sí mismo, sino el comienzo de una nueva etapa en la que como ciudadanos debemos renovar nuestro compromiso de velar por el bien común, el futuro de nuestros hijos y acercarnos a ese Paraguay democrático y transparente que tanto anhelamos”, remarcan.
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