El Ministerio Público, en reacción a la postura de la magistrada, anunció que apelará a la decisión judicial y para ampliar esta posición convocó a una conferencia de
Los dos agentes aseguraron que pretenden que la acusación de la causa sea debatida en un juicio oral y público, que según afirmaron, es el estadio donde se debe analizar el mérito de la pruebas presentadas por los investigadores.
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El fiscal Francisco Cabrera sostuvo que la valoración de los elementos probatorios se debe generar en esa instancia y no puede ser analizada por una jueza Penal de Garantías.
“Esa convicción tiene que generarse en un Tribunal de Sentencia y es esta instancia la que examina si el Ministerio demuestra lo que está alegando”, manifestó.
La jueza Cinthia Garcete decidió el sobreseimiento pertinente al excluir las pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, por supuestas deficiencias, y alegó que la acusación contra el legislador es por el año 2017, ejercicio fiscal en el que no hubo acusación contra los supuestos autores de la lesión de confianza.
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Al no existir acusación fiscal sobre los años 2016 y 2017, solo queda la ejecución presupuestaria del año 2018, en la que se anularon varias pruebas de la Fiscalía, cuyos representantes ahora tienen un año de tiempo para mejorar su trabajo, atendiendo que se sobreseyó de forma provisoria a ocho acusados en esta causa, y a dos en definitiva.
Francisco Cabrera defendió la tarea investigativa y dijo que se está llevando adelante de modo objetivo.
Actuación irregular de la jueza
El fiscal Diego Arzamendia, por su parte, cuestionó duramente la actuación de la magistrada en la causa de lesión de confianza, donde son procesados Zacarías Irún y McLeod.
“Consideramos una actuación irregular, una actuación por fuera de la competencia que tiene la magistrada en el marco de sus funciones, y como institución vamos a defender todo el trabajo realizado en todos estos años, y estamos convencidos de que esta causa debe ser debatida en juicio oral y público”, dijo.
Afirmó que desde el Ministerio Público responderán a la decisión a partir de recursos legales que tienen como institución para revertir dicha actuación.
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La determinación de la jueza Cinthia Garcete fue tomada tras una audiencia preliminar que se inició el viernes y terminó el sábado pasado, durante 15 horas, en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, sobre la causa 13/2019.
El caso se había iniciado por denuncias realizadas con relación a supuestos desvíos de los recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este, para financiar la campaña política de la familia Zacarías Irún y la adquisición de inmuebles en el exterior. Saltó a la luz como el conocido caso de Frontera Producciones.