Diputados de Juntos por el Cambio presentaron este lunes un proyecto que busca modificar la ley de expropiaciones, con el objeto de derogar las disposiciones relativas a “la ocupación temporánea anormal de
bienes”.
El proyecto se puso en marcha una vez conocida la noticia del avance del Gobierno nacional sobre el grupo empresario Vicentin. El proyecto liderado por el cordobés Hugo Romero (UCR) propone la derogación de los artículos 58, 59, 60 de la ley 21.499.
Según Romero, “la denominada ‘ocupación temporánea anormal’ prevista en la ley, constituye una peligrosa figura inconstitucional que el Poder Ejecutivo puede utilizar sin la necesidad de la declaración de utilidad pública, convirtiéndose así en un instrumento arbitrario que debilita la seguridad jurídica”.
“Como sabemos, la expropiación tiene base en el artículo 17 de la Constitución Nacional que reconoce como regla el derecho de propiedad al que califica de inviolable con dos excepciones, a saber: privación en virtud de sentencia fundada en ley, y expropiación por causa de utilidad pública calificada por ley y previamente indemnizada”, agregó el diputado.
“Resulta claro del texto constitucional que la afectación del derecho de propiedad sólo procede por acto del Poder Judicial fundado en ley del Congreso y por acto de la Administración fundado también en el acto del Congreso de Declaración de Utilidad Pública. Esto es así, por cuanto el goce de los derechos constitucionales solo puede estar limitado por ‘leyes que reglamenten su ejercicio’ a tenor de lo dispuesto por el artículo 14 de la Carta Magna”, explica.
Romero también añadió que “la protección del derecho de propiedad forma parte de la cultura jurídica nacional y aparece reconocido en el primer constitucionalismo argentino” y enfatizó que “la medida de la privación de la propiedad por parte del Estado, requiere necesariamente indemnización previa y la intervención del Congreso mediante una ley de declaración de utilidad pública”.
El proyecto de ley (que lleva las firmas, además, de Alfredo Cornejo, José Cano, Brenda Austín, Luis Petri, Luis Juez, Soher El Sukaria, Lidia Ascarate, Leonor Martínez Villada, y Gabriel Frizza, entre otros) busca garantizar la intervención del Congreso en la declaración pública en todos los casos en que el derecho de propiedad deba afectarse en forma permanente o temporaria.
“Estamos convencidos de que proyectos como estos contribuyen al fortalecimiento de la seguridad jurídica, al régimen representativo y a la división y equilibrio de los poderes, elementos esenciales en el funcionamiento de nuestro sistema republicano”, dijeron los firmantes.
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