Es comprensible el silencio del presidente Mauricio Macri tras la orden de prisión preventiva para Cristina Kirchner y el pedido de desafuero al Senado por parte del juez Claudio Bonadio. Por Fernando Laborda
La respuesta de la Casa Rosada ante los incesantes requerimientos periodísticos puede sintetizarse en un mensaje que apunta a poner las instituciones por encima de cualquier especulación política: “Es un tema que debe resolver el Senado y no el Poder Ejecutivo”. Pero lo cierto es que el Senado ya tiene resuelta la cuestión: prevalecerá la doctrina que ha enunciado el justicialista Miguel Pichetto, según la cual sólo los senadores con condena firme deben sufrir el desafuero. Es una regla de la que recientemente se apartó la Cámara de Diputados, al soltarle la mano a Julio De Vido, por impulso de la coalición oficialista Cambiemos. Pero, frente a la decisión que deberá tomar la Cámara alta sobre la ex presidenta de la Nación, el Gobierno estaría más tranquilo si la doctrina Pichetto siguiese en pie.
Altos funcionarios de la Casa Rosada consideran desde hace tiempo que “meterla presa a Cristina sin un proceso impecable sólo ayudaría a victimizarla y a alimentar una máquina vengativa”.
Hay también consideraciones electoralistas detrás de la tranquilidad que le daría al gobierno de Macri el hecho de que la ex mandataria no quede detenida. Con Cristina activa políticamente, Cambiemos impulsó la polarización electoral y sumó votos respecto de la primera vuelta de 2015. Y, en adelante, la presencia de Cristina ayudaría a obstaculizar el proceso de renovación del peronismo de cara a los comicios presidenciales de 2019. Hasta hay quienes, para entonces, sueñan en el oficialismo con una competencia por la primera magistratura entre Macri y una Cristina multiprocesada, pero sin condena firme.
Si se sigue la doctrina Pichetto, Cristina podría seguir en el Senado hasta que la Corte la condenara definitivamente, algo que podría tardar muchos años. Y según la doctrina del máximo tribunal aplicada recientemente con Carlos Menem, hasta podría darse el lujo de ser candidata presidencial con alguna que otra condena de primera o segunda instancia a cuestas. A menos que el Congreso sancione una ley electoral que disponga que alguien con prisión preventiva o condenado con sentencia no firme no pueda, en adelante, postularse a cargos electivos.
Mientras en el Gobierno no son pocos los preocupados para que no vaya presa, Cristina Kirchner retomó el mismo argumento que usaron De Vido y Amado Boudou: hay una persecución inédita y un hostigamiento para terminar con la oposición. Y denunció que todo es una cortina de humo para tapar los proyectos de reforma laboral y previsional. “Macri es el director de la orquesta y Bonadio el ejecutor de la partitura judicial”, expresó.
En el fondo, Cristina debería estarle agradecida al juez, que esperó a que se convirtiera en senadora para ordenar una detención que no se producirá. Y también a Macri. fuente lanacion
