Europa busca blindar las fronteras y agilizar las deportaciones de inmigrantes irregulares

vuelta de tuerca en la política migratoria de los últimos años, con el objetivo de lograr una nueva directiva de migración y asilo aceptable para los 27 países del bloque. Se trata, en suma, de que países con políticas durísimas contra migrantes y refugiados, como Hungría o Polonia, acepten el pacto, que debe lograrse por unanimidad.

Los dirigentes de cuatro países del conocido como Grupo de Visegrado (Eslovaquia, Hungría, Polonia y República Checa) advirtieron hace dos semanas, tras una reunión en un castillo checo, que se oponen a cualquier reforma de la política migratoria y de asilo que conlleve un reparto obligatorio de los refugiados que pisan el suelo europeo. Bruselas lleva más de cuatro años intentando pactar esa política, desde que en 2015 la directiva de asilo quedara desbordada tras la llegada de algo más de un millón de refugiados sirios, iraquíes y afganos en unos pocos meses.

La norma actual, de facto suspendida desde la crisis migratoria de 2015, asegura que el país que debe hacerse cargo de un refugiado es el primero que esa persona pisó al llegar a Europa. Como desde el Polo Norte no llegan precisamente olas de refugiados, la norma hace que Italia sea el principal responsable de acoger a los refugiados que llegan a Europa, con Grecia, Malta y España en paso por detrás.

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Según el diario El País, la propuesta que presentará el brazo ejecutivo de la UE aboga por agilizar las deportaciones de quienes no tienen derecho a asilo y de los inmigrantes económicos irregulares porque aunque se rechazan aproximadamente dos tercios de solicitudes apenas se ejecutan un tercio de las deportaciones. Los datos consolidados de Eurostat cuentan que en 2018 hubo 580.000 solicitudes de asilo en los 27 países de la UE, de las que se aceptó el 37%.

Para ello se apuesta por reforzar los acuerdos con los países de origen y de tránsito, siempre difíciles porque es muy complicado que lo que pueda pagarles la UE llegue a sumar lo que esos países reciben como remesas por parte de sus ciudadanos emigrados. El próximo presupuesto europeo debería contar con una partida de “Asilo y Migración” (se dedica en su mayoría a pagar a países de origen y tránsito para que controlen sus fronteras) de 32.000 millones de euros para el período 2021-2027, 20.000 millones más que en el período 2014-2020.

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Parte de ese dinero irá también a aumentar el número de agentes guardafronteras de Frontex, el cuerpo europeo de control de fronteras, para que llegue a sumar 10.000 efectivos.

Berlín quiere sacar adelante la reforma pero no hará de la misma un cassus belli porque sabe que el dossier es tóxico y que el bloque se enfrenta en los próximos meses a una crisis económica histórica mientras debe dar salida definitiva a un Brexit que lleva rumbo de colisión. La propuesta de nueva directiva debería retrasarse otra vez, al menos hasta que se apruebe el fondo europeo anti-crisis, prioridad absoluta de las instituciones europeas ahora mismo.

La propuesta llegará a la mesa de los gobiernos cuando el bloque está recibiendo muy pocos migrantes y refugiados, ni la décima parte que a finales de 2015 y principios de 2016. Bruselas, además de mostrar mano dura, quiere hacer entender a los gobiernos que en la UE hay apenas un 4,4% de población de terceros países y que los flujos migratorios son imposibles de detener por completo por lo que la política inteligente es la de saber gestionarlos.

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La Comisión Europa reconocerá en su proyecto, según fuentes comunitarias, que una Europa envejecida (la edad media de los europeos ha aumentado más de 10 años en las últimas tres décadas) y que necesita mano de obra en muchos sectores (el confinamiento demostró que sin inmigrantes la mayoría de las cosechas europeas se quedaban sin recoger y que inmigrantes eran porcentajes significativos del personal sanitario de muchos países de la Europa más rica), no puede cerrar totalmente la puerta a la inmigración.