El segundo estado de alarma aplicado en España deja un triste balance a efectos de participación política, un derecho fundamental recogido en la Constitución. Durante las catorce semanas que ha durado este
marco excepcional, los grupos de la oposición han visto completamente estrangulada su capacidad de iniciativa política ante el hemiciclo. Tanto, como un 70 por ciento respecto a las mismas semanas de 2018, el último año sin elecciones generales. En total, solo se han debatido once iniciativas de los grupos parlamentarios entre tomas de consideración de proposiciones de ley, proposiciones no de ley o mociones consecuencia de interpelación. Una cifra que choca con las 37 iniciativas de este tipo que llegaron al pleno entre el 15 de marzo y el 21 de junio de hace dos años. Durante el estado de alarma, los debates de tomas en consideración de proposiciones de ley se limitaron a tres frente a las doce de las mismas semanas de 2018; mientras las proposiciones no de ley y las mociones consecuencia de interpelación se quedaron en cuatro contra las doce y trece, respectivamente, de igual periodo de hace dos años. De este modo, lejos de elevarse la participación política para sumar propuestas y enriquecer los debates ante una situación de emergencia sanitaria, social y económica como la vivida, el estado de alarma fue utilizado para todo lo contrario: mayor unilateralidad del Gobierno en el Congreso y menor cuota de iniciativa para la oposición. El estrangulamiendo de los debates plenarios fue posible porque la Mesa de la Cámara decidió circunscribir la actividad del hemiciclo, exclusivamente, a las propuestas del Ejecutivo durante el primer mes del estado de alarma. Las solicitudes de autorización de prórrogas y la convalidación de los reales-decretos leyes que iba aprobando el Consejo de Ministros fueron los únicos textos que se debatieron y votaron hasta mediados de abril. Fue entonces cuando la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, cedió a la presión de la oposición y aceptó volver a introducir las sesiones de control al Gobierno, permitiendo preguntas o interpelaciones a sus miembros. Sánchez, en el Pleno de control al Gobierno del 17 de junio – IGNACIO GIL No obstante, los debates sobre las iniciativas de la oposición han seguido bloqueados hasta mayo. La Mesa argumentó que la generalización del voto telemático impedía elevar estos textos al pleno al ser susceptibles de ser enmendados hasta el último momento. De hecho, fuentes de este órgano aseguraron que esta situación se extendería en el tiempo mientras la mayoría de los diputados no pudiera acudir al hemiciclo. Sin embargo, la presión de la oposición llevó a la mayoría de PSOE y Podemos a recuperar la celebración de los plenos los martes este mes y permitir la votación de las iniciativas de la oposición los miércoles. Una solución bien sencilla. Al estrangulamiento de la labor de los grupos parlamentarios en el hemiciclo se unieron varios obstáculos para su acceso a la información en manos del Gobierno. Primero, Batet decidió demorar la calificación de las preguntas escritas así como la petición de informes y otra documentación al Ejecutivo. Después, paralizó durante varias semanas los plazos parlamentarios, incluyendo los referentes a la contestación de todas estas cuestiones. Como resultado, una pregunta escrita registrada por la oposición al inicio de la pandemia en marzo no tenía la obligación de ser contestada por el Gobierno hasta dos meses después, en mayo. De hecho, la falta de transparencia ha sido otra de las acusaciones que la oposición ha lanzado al Ejecutivo durante estos meses. Tanto en la información suministrada sobre fallecidos, contagios, material sanitario, contratos o incluso respecto a sus asesores y expertos. En lo que se refiere a la contestación de preguntas, según los datos suministrados por el buscador oficial del Congreso, un total de 113 -o el 11 por ciento- de las planteadas con los términos coronavirus, Covid-19 o Wuhan han quedado sin respuesta habiendo concluido el plazo para ello. Constitución, artículo 116: «El funcionamiento del Congreso así como de los demás poderes, no podrá interrumpirse durante la vigencia» del estado de alarma Fuentes de Moncloa consideran que estas cifras solo pueden considerarse «estimaciones» y ponen el acento en el «esfuerzo ímprobo» que ha hecho el Gobierno para contestar a la oposición. Subrayan que el total de preguntas registradas de todas las temáticas «es más numeroso que nunca», ya que se ha multiplicado por seis. En cuanto al porcentaje de respuesta del Gobierno, lo sitúan en el 73,83% durante los primeros 180 días de legislatura e inciden en que duplica la tasa marcada en igual periodo de 2016 -primer año de la segunda legislatura de Mariano Rajoy-. La concatenación de limitaciones a la labor de la oposición en el Congreso es, para los constitucionalistas consultados, una vulneración de la Carta Magna. «Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal», reza, no en vano, el artículo 23 de la Constitución. Y el apartado 111 establece que «el Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debates, los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal». Una obligación claramente vulnerada por el Ejecutivo durante el primer mes del estado de alarma. Desde Moncloa subrayan que la emergencia era abrumadora y que el Gobierno trabajaba «sin descanso» en la toma de decisiones. Pero la Constitución (Art. 116) es muy clara: «El funcionamiento del Congreso así como de los demás poderes, no podrá interrumpirse durante la vigencia» del estado de alarma.
FUENTE DIARIO ABC: