El presidente de la Nación dijo que el objetivo del gobierno “sigue siendo controlar la empresa”. Además criticó duramente el fallo del magistrado santafesino que ordenó reponer al directorio de la compañía
Luego del freno que sufrió el plan del gobierno nacional de controlar a la empresa Vicentin, el presidente Alberto Fernández advirtió que si el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, -que había ordenado reponer el directorio de la compañía agroexportadora- no da el visto bueno a la nueva propuesta que hizo el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, de aceptar a sus interventores, avanzará con la expropiación.
“Si el juez dice que no a la propuesta de Perotti, sólo queda expropiar”, dijo el mandatario en diálogo con el periodista Roberto Navarro, en el Destape Radio. Aseguró que sigue “buscando los caminos para que el Estado se haga cargo de la cerealera” y “resuelva los problemas para tener una empresa que nos permita ver cómo ese mercado funciona y se desarrolla”. En ese sentido, ratificó que, pese a la marcha atrás con la idea inicial, “el objetivo del gobierno sigue siendo controlar” la compañía.
Remarcó que la intervención estatal de Vicentin puede hacerse “por vía de concurso o por la vía de la expropiación” y destacó la propuesta presentada ayer por el gobernador de Santa Fe que va por la primera opción. “Valoro enormemente el esfuerzo de Perotti y espero que el juez nos dé la derecha”, agregó el Jefe de Estado, pero nuevamente advirtió: “Si no me dejan esta opción [la del concurso], no tengo otro camino más que la expropiación”.
De igual forma aprovechó para dedicarle unas duras palabras al fallo del juez Lorenzini, que dispuso restituir la administración Vicentin a sus directivos por un plazo de 60 días, y además les otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo. “Son llamativas las conclusiones a las que llega el juez, con el que absolutamente discrepo. Es disparatado, es un dislate jurídico de magnitud”, cuestionó.
El Presidente se refirió también a acusación de estafa que pesa sobre la cúpula de la empresa y dijo que fueron ellos los que pidieron que el Estado interviniera al ver que la situación en la compañía era insostenible. “No siento que sea ético que ante semejantes sospechas yo vaya a negociar con esos accionistas. Entendí que la única alternativa viable era la expropiación. Es un camino, no un objetivo. Y eso generó mucho revuelo. La palabra expropiación por ciertos sectores es vista como violenta; hace pensar en la idea de que el Estado se quiere apropiar de bienes que son de ellos”, agregó.
En ese sentido reivindicó la figura de la expropiación y aclaró que “no están atacando la propiedad privada”. “Estamos rescatando a una empresa en quiebra, cuyos dueños le pidieron al Estado que se haga cargo. Si no yo parezco un loco que se levanta y pide expropiar”, dijo.
Entre varias cosas, Fernández aseguró que con la nueva propuesta que elevaron al magistrado santafesino no se trató de una “marcha atrás” si no de buscar alternativas para encontrar una solución a la grave situación de una empresa que el Estado considera estratégica. “De ninguna manera hubo marcha atrás con Vicentin. Los accionistas de la empresa hablaron conmigo reclamando que el Estado se hiciera cargo porque no estaban en condiciones objetivas de sostenerla. Nosotros analizamos el caso y vimos a una empresa en crisis, rodeada de un sinfín de problemas, presuntas estafas a bancos nacionales por créditos que recibieron y hasta denuncias de lavado y maniobras en negro”, dijo.
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