Las tasas, cobradas por la Dirección nacional de aeronáutica civil (Dinac) y la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), respectivamente, representan una fuente de ingresos para estas instituciones (Fuente 30 “Recursos propios”). A través de las mismas, estos entes financian parte de sus gastos presupuestarios de cada año.
El director de Aduanas, Julio Fernández, quien participó en la elaboración de medidas de auxilio para el comercio fronterizo, comentó que las acciones anunciadas el jueves por Gobierno apuntan a reducir los costos del comercio de frontera a través de la baja gradual de las tasas cobradas por servicios prestados, según el valor del producto importado o exportado. Este mecanismo –cobrar tasas de acuerdo al valor– va en contra de acuerdos internacionales, expresó.
“Al cobrar una tasa por un servicio, teniendo en cuenta el valor de la mercadería, termina siendo casi un impuesto y no puede ser eso porque va en contra de acuerdos internacionales. Dinac debe cobrar por un servicio, no como algo impositivo. Eso se está viendo, hacer algo plano respecto al pago por servicios estatales”, explicó.
Agregó: “Hay una política de Gobierno de ir reduciendo sistemáticamente, y por supuesto, eso siempre significó Fuente 30 para el financiamiento de las empresas públicas, eso por ejemplo, después se debe ver cómo ajustar con Fuente 10”.
Otras medidas. Además de las reducciones de estas tasas, el Gobierno anunció –sin muchos detalles– la disminución del impuesto selectivo al consumo (ISC) para los productos importados bajo el régimen de turismo, y comercializados en frontera. También el impuesto al valor agregado (IVA) a la importación, de 10% a 1%, que regirá únicamente para las mercaderías de procedencia extranjera o nacional a ser vendidas en frontera. Asimismo, se anunció la reducción de aranceles aduaneros para 78 productos; un producto financiero del BNF, especial para los comerciantes de frontera, con condiciones diferenciales en cuanto tasa y periodo de gracia. También acciones sociales con la ampliación de programas como el de Adultos Mayores, Tekoporã y Pytyvõ.
Todas estas medidas son un adelanto del plan de reactivación económica poscovid-19, alistado por el Gobierno, y deberán ser refrendadas en un decreto presidencial, que hasta el cierre de nuestra edición de ayer no fue dado a conocer oficialmente.