La propuesta argentina para reestructurar la deuda externa iba a tener una vigencia de 15 días. Ese fue el plazo anunciado por los funcionarios el 21 de abril, para que los
acreedores se decidieran si aceptaban los términos propuestas. Como no hubo adhesión, el Ministerio de Economía lanzó cuatro prórrogas más, hasta el viernes, en que realizó la quinta y de mayor extensión: la postergación por más de un mes hasta el 24 de julio.
Hasta ayer, Economía siempre había preferido prolongar los plazos por períodos más cortos, de dos semanas. En el mercado leyeron esto como un indicador de la distancia que separa al gobierno argentino y los acreedores. El comité Ad Hoc (de BlackRock) dijo ayer que las partes están cerca.
Durante este mes, el Ministerio de Economía seguirá tratando de acercar posiciones. Habrá más reuniones y propuestas. El presidente Alberto Fernández manifestó ayer que está “seguro de poder acordar” con los acreedores.
Un grupo de acreedores manifestaron su “decepción” en su comunicado. Son los comités Ad Hoc y Exchange que consideran que la “decisión argentina es terminar el diálogo con los acreedores en un momento de coyuntura crítica. En vez de eso, Argentina ha creado obstáculos a una salida negociado, en el intento de provocar división (entre los acreedores) terminando lo que ha sido un proceso de negociación productiva”.
La primera propuesta de Economía para los acreedores incluía un recorte del 5% del capital, una disminución del 63% de los intereses y que los primeros pagos se hicieran en 2023. El mercado la rechazó y las partes comenzaron una negociación para acercar posiciones. En las ofertas sucesiva de Martín Guzmán hubo concesiones con respecto a la posición original.
La oferta inicial argentina situaba el valor de la deuda en torno al 40% de su valor nominal. La última propuesta puesta sobre la mesa por Guzmán fue más generosa. Según fuentes oficiales, sitúa la deuda en un valor nominal en torno a los U$S 50 más un cupón atado a las exportaciones. También se reconocen los intereses corridos y se detalla que un cupón atado a las exportaciones.
El comité Ad Hoc respondió. “Se puede ver examinando las varias propuestas que presentamos las semanas pasadas que todos las partes hicieron un progreso sustancial hacia una reestructuración consensuada. Si alcanzábamos esa meta, sería un éxito para todos los involucrados: evitando el devastador efecto legal y los costos económicos de un default prolongado”, expresaron.
Los acreedores están dispersos en tres grupos mayormente. Hay bonistas que se referencian en BlackRock -uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que está asistiendo al gobierno de los Estados Unidos en los rescates a empresas por la pandemia-, y siguen sin encontrar factible la propuesta argentina.
Los grupos Ad Hoc y Tenedores de Canje proponen siete títulos en dólares y siete en euros, con intereses que llegan a un máximo de 5,75%, y cupones a abonar desde 2021. Quieren que el cupón esté atado al crecimiento del PBI, como sucedió con la reestructuración de 2005. Busca que las estadísticas para medir el crecimiento sean provistas por el FMI y que un 3% de mejora en el PBI sea garantía para realizar un pago.
BlackRock forma parte de Ad Hoc, junto con Fidelity, otro de los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos. Ashmore y T.Rowe Price, otras firmas de ese mismo segmento con fuerte predicamento en Wall Street también están allí. “Hace dos días, la decisión de Argentina fue retirarse de la mesa de negociaciones, en algo poco más que desafortunado dado cuan cerca estábamos de una resolución, para la cual seguimos listos para participar constructivamente”, dice su comunicado. También acusaron a la Argentina de buscar dividirlos. “La Argentina ha decidido crear obstáculos que impiden una solución negociada y ha intentado causar división que pone fin a lo que hasta entonces había sido un procedimiento de negociación productivo”.
Acreedores del canje (Exchange Bondholders) también suscribió esas palabras. Allí están fondos más chicos (BHK Capital, Monarch).
En el Comité de Acreedores están fondos como Gramercy, Greylock y Fintech, los tres muy activos en negociaciones de deuda argentina e incluso en participaciones accionarias de las compañías locales. El Gobierno se siente más cómodo negociando con ellos.
La deuda emitida por Argentina en 2005 exige mayor porcentaje de aceptación por parte de los acreedores para ser susceptible a un canje. En cambio, la emitida por la administración de Mauricio Macri requiere un 50% de aprobación. Con márgenes de aceptación demasiado “finitos”, se puede dar una paradoja: a este gobierno kirchnerista le resultaría más sencillo canjear lo emitido por la administración de Cambiemos que lo que reestructuraron los mandatos anteriores del mismo espacio político.
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