Pasó hace 30 años pero el recuerdo está latente en gran parte de la sociedad. Y el debate sobre los episodios de legítima defensa sigue sin resolverse. El caso del ingeniero
Horacio Santos se convirtió en un emblema: harto de que le robaran, vio a dos ladrones escapar con el estéreo de su auto, los persiguió y los mató a tiros. Ocurrió el sábado 16 de junio de 1990 a las 11.30.
El ingeniero, que entonces tenía 42 años, y su esposa, la arquitecta Norma López, estaban dentro de una zapatería de Pedro Morán al 2800, en el barrio porteño de Villa Devoto. De repente, Santos, padre de cuatro hijos, escuchó que la alarma de su Renault Fuego negra empezó a sonar. El auto estaba estacionado en la puerta. Apenas salió, el hombre vio una de las ventanillas de la cupé rota y dos ladrones corriendo, uno de ellos con su pasacasete, que miró a los ojos al ingeniero y le sonrió.
Osvaldo “Topo” Aguirre (29) y Carlos “Pollo” González (31) estaban sin trabajo y ese día dijeron en sus casas que iban a comprar un taxi. Salieron con ese plan en la Chevy de “Topo”. Nunca se supo si esa idea original era cierta o no, pero en el camino le robaron el estéreo a Santos. Cuando la víctima los vio, se subieron al Chevrolet y salieron a fondo por Morán.
En ese instante, la reacción del ingeniero, al que ya le habían robado otras 11 veces, según denunció por entonces, fue ir hacia la cupé Fuego para correrlos. No le importó o ni llegó a ver los pedazos de vidrio roto que había en el asiento. Su esposa se subió en el lugar del acompañante.
La persecución duró varias cuadras hasta la calle Campana, donde Santos logró alcanzar a los ladrones, sobrepasarlos y cruzarles la cupé. Cuando estaban frente a frente, uno de los ladrones se movió hacia abajo. El ingeniero, relató después, dijo que en ese momento pensó que iban a agarrar un arma. Entonces se anticipó y sacó la suya de la guantera: un revólver calibre .32 que portaba legalmente y que había decidido comprar porque temía por su seguridad después de haber sufrido varios robos.
El ingeniero contaba con pericia para el disparo y practicaba con frecuencia en el Tiro Federal. Segundos que parecieron eternos en el habitáculo de su Renault Fuego, mientras su esposa gritaba desesperada del miedo y sin saber lo que iban a hacer Aguirre y González. Hasta que llegó el momento cúlmine. Empuñó su arma y apuntó a las cabezas de Aguirre y González. Les acertó a los dos.
Ese mismo sábado Santos quedó detenido, acusado de “homicidio simple reiterado”. Pasó una semana en la cárcel de Caseros y un mes internado en una clínica privada hasta que quedó en libertad.
La foto de los ladrones ejecutados en su propio auto se plasmó en todos los diarios y recorrió el territorio nacional. Desde el minuto cero el caso generó conmoción.
A 30 años de aquel episodio que hoy es un caso emblemático cuando se habla de legítima defensa, Clarín habló con dos de los protagonistas de la causa judicial de la que habló el país.
“Lo primero que se me viene a la mente es un hombre, un ciudadano común, harto de soportar que lo robaran permanentemente. Reaccionó para impedir un nuevo robo. Reaccionó por explosión interna”, expresó el abogado Eduardo Gerome, que representó legalmente al ingeniero Santos en la causa judicial.
“La gente en su mayoría decía que Santos hizo lo que todos hubiésemos hecho ante un hecho similar. Había mucha gente a la que la habían asaltado que estaba indignada. En todos lados aparecían voces que habían pasado por situaciones parecidas y que se solidarizaban con el ingeniero”, recordó el penalista.
El ex juez de instrucción Luis Cevasco, que aquel sábado indagó y ordenó la detención de Santos, le dijo a Clarín: “Una cosa es lo que ocurrió y otra es la que decían los medios en ese momento. Se planteó un debate y lo cierto es que para nada se trataba de un caso de legítima defensa. Se había comentado mucho que este hombre había sido víctima de hechos delictivos y, en realidad, las víctimas eran personas cercanas a él, pero no él”.
Luis Cevasco fue fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. Foto Diego Waldmann.
Cevasco, que ahora es abogado penalista y hasta diciembre era fiscal general adjunto de la Ciudad de Buenos Aires, todavía recuerda la secuencia que le tocó analizar cuando tenía la causa en sus manos y aún mantiene su opinión.
“Él sale en su auto con el arma cargada. Santos estaba en una zapatería, le dicen que le habían robado el estéreo. Sube al auto, los corre unas doce o catorce cuadras aproximadamente, los encierra, pasa el arma por delante de su mujer que estaba sentada al lado y le pega un tiro en la frente a cada uno de ellos y se va a la casa. Eso no es ni una reacción de un estado de emoción violenta ni legítima defensa“.
El caso abrió una polémica inédita para esos tiempos e instaló por primera vez el debate de la legítima defensa y la emoción violenta. Y si la víctima había cruzado la línea para convertirse en un “justiciero”.
El ingeniero junto a sus cuatro hijos (Archivo/ Ismael Gómez)
“A veces esa es una falsa antinomia porque se confunde la legítima defensa con la justicia por mano propia. Lo que ampara la ley no es la justicia por mano propia, sino la legítima defensa. Pero se confunde erróneamente esa defensa que es legítima y legal con un accionar ilegal, con que hizo justicia por mano propia y la diferencia es esencial. Surge de la inmediatez, cuando la defensa que se hace es en el momento, cuando no se puede buscar el auxilio de la Policía, de la Justicia, porque el tiempo lo impide. Entonces ahí es donde la ley autoriza al ciudadano a defenderse”, explicó Gerome.
En cambio, Cevasco sostuvo que “el tema de la legítima defensa es complejo y no se puede generalizar. Depende de cada caso concreto. La ley establece algunas pautas específicas en el artículo 34 del Código Penal como, por ejemplo, que tiene que ser la legítima defensa de un derecho, que no tiene que ser causante y tiene haber racionalidad del medio empleado. Es muy difícil establecer a priori cuando un hecho está encuadrado en esa figura. Lo que sí esta claro es que tiene que haber una relación de inmediatez y racionalidad en el contexto. Por eso es dificil de algún modo plantearlo. También es cierto que cuando hay muchos hechos de violencia la gente quiere una respuesta”, afirmó.
En una entrevista con el diario La Nación, Norma López dijo por aquellos días: “Tanto mi marido como yo estábamos preocupados por los robos y por la seguridad de nuestros chicos, pero nunca lo vi a él obsesionado por el tema ni tampoco imaginé que reaccionaría como lo hizo el sábado, porque no es una persona violenta”.
El abogado penalista Eduardo Gerome representó legalmente al ingeniero Santos.
El 26 de julio de 1990 el caso dio un giro abrupto. Una pericia psiquiátrica arrojó que el ingeniero había tenido una “alteración morbosa de las facultades” en el momento del robo.
“Cuando dispuse la libertad de Santos como consecuencia de ese informe médico, muchos amigos míos me llamaban para felicitarme –recuerda entre risas– y yo les decía: ‘No, mirá, no tuve más remedio‘. Era técnicamente lo que correspondía, pero no era esa mi convicción. Yo no podía prolongar más la detención sin dictar la prisión preventiva y con ese informe médico no podía fundamentarla. Entonces dispuse la libertad”, señaló. Luego, el caso quedó a cargo de otro magistrado ya que Cevasco pasó a ser juez de sentencia.
Santos fue motivo de discusión en los programas de televisión, en los bares, en los trabajos durante cuatro años. Hasta que en 1994 llegó el juicio en el que lo condenaron a 12 años de prisión por el “homicidio simple reiterado” de Aguirre y González. La sentencia generó todavía más polémica que el propio hecho en sí.
El abogado del ingeniero apeló el fallo y un año después consiguió que la Cámara del Crimen le revocara esa condena y le diera otra de tres años de prisión en suspenso, al considerar que su conducta se encuadraba dentro de la figura penal de “exceso en la legítima defensa”.
Después de aquel episodio, Santos nunca más volvió a portar un arma. También eligió mantenerse lo más lejos posible del tema y no hablar públicamente. “Si hubiera podido pensar en todas las consecuencias que tuvo esto, me arrepiento de haber actuado así, absolutamente”, le dijo con el tiempo a su abogado al hablar del caso. “Fue tan fuerte todo. Hay que vivir cinco años de proceso, que él eligió no volver a portar un arma”, contó Gerome.
Después de ese caso emblemático hubo varios más: uno de los últimos fue el de Claudio Pardo, un vecino de Longchamps que defendió a los tiros a su sobrino de una entradera y mató a un ladrón en en octubre de 2019; el del carnicero de Zárate Daniel Oyarzún, que persiguió con su auto a un motochorro, lo atropelló y causó su muerte; el del médico Lino Villar Cataldo, que mató de un tiro a un ladrón que le robó el auto en la puerta de su casa, por citar algunos. Estos dos últimos fueron absueltos en juicios por jurados, ya que ocurrieron en la Provincia de Buenos Aires.
Para Cevasco, la palabra “justiciero” no cuadra en el caso del ingeniero Santos. Y manifestó que el tema quedó envuelto en una “discusión político-mediática” muy fuerte. “Inclusive a (Mariano) Grondona y a (Bernardo) Neustadt los denunciaron por apología del crimen”, recordó.
Gerome sigue defendiendo al ingeniero como hace 30 años. Y va más allá: “Nadie puede ser impedido de defender lo suyo porque a todos nos cuestan las cosas. Entonces, si nosotros impedimos que nos las quiten, el que obra ilegítimamente es el que nos las quiere sacar. Y si nosotros nos defendemos con los límites razonables estamos ejerciendo una acción legal”.
GL – EMJ
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