El fondo de inversión publicó una solicitada en un diario de Cristóbal López. Mientras, la Justicia se mantiene inflexible.
Con un frente judicial complejo, Cristóbal López busca cómo conseguir que el juez Julián Ercolini levante la inhibición de bienes sobre el Grupo Indalo para poder realizar el traspaso de las acciones a OP Investment de Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. En paralelo, el fondo de inversión, que apelará ante el juez en lo Comercial Hugo Vitale el rechazo a la apertura del concurso de acreedores de Oil Combustibles SA, salió a presionar al Gobierno y lo acusó de “mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo”. Lo hizo en una solicitada de Ambito Financiero, el diario de Cristóbal López. Todo tiene que ver con todo.
El empresario K no encuentra por ahora, una solución en la justicia. La semana pasada el juez Ercolini rechazó el levantamiento de la inhibición de bienes (instancia necesaria para vender las acciones) que recae sobre el holding de 170 compañías. La medida cautelar rige en el marco de la causa por defraudación al Estado, al adeudar Oil Combustibles SA (OCSA) a la AFIP $ 8.000 millones del impuesto a los combustibles. Para el Gobierno, entre intereses y punitorios, la deuda asciende a $ 10.000 millones.
Cristóbal López, cuando fue a declarar a Tribunales en mayo de este año.
A través de su defensa, a cargo de Carlos Beraldi, López podría apelar el rechazo firmado por Ercolini el viernes e insistir con el pedido. Requieren de la autorización del magistrado para poder hacer efectiva la venta del Grupo Indalo a OP Investments.
Por su parte del fondo de inversión acusó al Gobierno de “armar” todo para “mandar a la quiebra”, al Grupo al que rebautizaron bajo el nombre de “Ceibo”. Desde la empresa adelantaron además que apelarán ante el juez Vitale su decisión de no autorizar el concurso preventivo de Oil Combustibles.
“Como si fuera una estrategia de pinzas fríamente calculada, el Gobierno Nacional y el juzgado comercial interviniente avanzaron decididamente en mandar a la quiebra a las empresas del ex Grupo Indalo”, arranca la solicitada. Y sigue: “Al confundir a los viejos propietarios con las empresas, el Juez prefirió castigar a éstas en vez de aquellos, y desechó la única posibilidad de viabilidad y continuidad de las empresas, de mantenimiento de las fuentes de trabajo y de pago de las deudas a los acreedores comerciales y a la AFIP, que es lo que propusimos en nuestro Plan Estratégico”.
Así está hoy el edificio del Grupo Indalo, donde funcionaba C5N y Radio 10.
Ayer, en una decisión clave, el juez Vitale rechazó la apertura del concurso de acreedores considerando que la empresa se manejó con “fraude ante la ley” y que no era “merecedora” de la apertura concursal, ya que no se encontraba en “cesación de pago” como se esgrimió en el pedido de Oil.
Para los dueños del fondo de inversión, todo responde a “groseras y persistentes presiones por parte de los operadores del Gobierno, conducta que suponíamos había cesado con la actual administración”, y en dicha instancia, acusaron al Estado de “ahorcar financieramente a las compañías del Grupo”, por no hacer efectivos una serie de pagos “por más de $ 1.200.000.000”.
El plan de licuar la deuda y pagar en cuotas de Cristóbal López se esfumó con la derrota de Daniel Scioli en la presidencia y la salida de Ricardo Echegaray de la AFIP.
Cristóbal López y Ricardo Echegaray. La Justicia investiga si hubo una evasión fraudulenta entre el empresario y la AFIP.
Con el regreso de Alberto Abad, la AFIP sostiene que la propuesta realizada por Indalo “no es seria, no especifica montos de inversión y sostenemos que no hay incapacidad de pago, todo lo contrario, tienen 100 empresas que no están alcanzadas por la inhibición de bienes que ellos podrían vender sin pedir autorización”, indicaron fuentes oficiales.
OP Investments fue más allá y salió a presionar al Gobierno, acusándolo junto con “algunos interesados” en querer quedarse con los activos del Grupo. “Ellos conocen que si el juzgado interviniente no aprueba el ingreso de fondos por parte de inversores estratégicos, no será posible darle continuidad a las empresas” y que por eso buscan “ahogarla financieramente, no pagándole por los bienes y servicios prestados”.
El grupo inversor usó una metodología que recuerda a Lázaro Báez. Publicar información en sus propios medios para defenderse de temas judiciales.
OP también cargó contra la AFIP por rechazar la propuesta realizada ante la Justicia, donde aseguran que se busca volcar un desembolso de 300 millones de dólares y la incorporación de inversores extranjeros.
Tanto en Tribunales como en el organismo que dirige Abad coincidieron en que hay “faltante de documentación” al respecto, y por eso se opusieron al levantamiento de la medida cautelar que sirve para garantizar “el pago de la deuda” millonaria.
Agregan que de los escritos presentados por López y su socio Fabián De Sousa, “no surge cómo se iría a abonar” ese pasivo. Ercolini, en sintonía con el fiscal Gerardo Pollicita, la AFIP y los veedores judiciales, planteó que el pago de los más de $ 10.000 millones, responde igual “a la eventual reparación de los daños y perjuicios ocasionados al Estado” algo que tampoco estaría explicitado en las propuestas realizadas por el empresario K.
fuente clarín
