El juez federal Ariel Lijo resolvió sobreseer a Jorge Brito en el caso que investiga la ruta del dinero con la cual se financió la compra de la ex calcográfica Ciccone,
expediente por el que se encuentra condenado Amado Boudou. Después que la Sala I de la Cámara Federal porteña dictara la falta de mérito sobre el banquero, las nuevas medidas impulsadas no fueron suficientes para corroborar el grado de culpabilidad que se le había atribuido en un comienzo al empresario.
La Sala I de la Cámara federal porteña había confirmado en noviembre del año pasado las acusaciones por abuso de autoridad contra el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, responsable para la justicia de encubrir las irregularidades fiscales y de financiar la compra de la ex Calcográfica Ciccone. La ex titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, quedó procesada como partícipe necesaria de negociaciones incompatibles con la función pública.
En esa misma resolución, los camaristas dictaron la falta de mérito -es decir que se debía profundizar la investigación para procesar o sobreseer- del banquero Jorge Brito, su allegado y ex directivo de Ciccone Máximo Lanusse y Francisco Sguera. A raíz de esto, el juez Ariel Lijo emprendió nuevas medidas para determinar la responsabilidad del banquero, según el “nuevo estándar probatorio” que fijó la Cámara.
En la primera parte del caso, cuyo juicio oral terminó en agosto de 2018 con una condena de 5 años y 10 meses de prisión para el ex vicepresidente, también había sido condenado el ex jefe de asesores de Echegaray en la AFIP, Rafael Resnick Brenner. Sin embargo, las audiencias dejaron en claro que las maniobras fiscales para beneficiar a Boudou y sus amigos no podían haber ocurrido sin la intervención o al menos el conocimiento del titular del ente recaudador.
El juez Lijo sostuvo que la ex Ciccone pasó a manos del socio de Boudou, José María Núñez Carmona, a través de Alejandro Vandenbroele, propietario de The Old Fund (dueña del 70% de las acciones de la ex calcográfica). Era la única empresa con capacidad para imprimir billetes, y para la Justicia “quedó en manos del entorno del ex vicepresidente”.
El objetivo de la operación era “contratar con el Estado la impresión de billetes y documentación oficial”. No sólo imprimió las boletas electorales del Frente para la Victoria en 2011, sino que en abril del 2012 el Gobierno de Cristina contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de cien pesos, por un costo de 140 millones de pesos.
Para terminar de comprender la maniobra, se inició este expediente que siguió la ruta del dinero que se aplicó para el salvataje y puesta en funcionamiento de la ex Calcográfica. El juez fijó esa responsabilidad en tres etapas: el levantamiento de la quiebra; el desembarco de The Old Fund y el gerenciamiento de la imprenta, y la contratación de la ex Ciccone por parte del Estado.
La causa cobró velocidad tras el giro que se produjo con la declaración como “arrepentido” de quien fue la cara visible del armado de empresas ligadas al ex vice, Alejandro Paul Vandenbroele. El juez dio veracidad a sus dichos. Analizó la documentación y corroboró el circuito de fondos aplicados para la adquisición de la ex calcográfica.
La Justicia dio por probadas las negociaciones previas que permitieron un “acuerdo ilícito” entre Boudou y Núñez Carmona “para el levantamiento de la quiebra, el otorgamiento de un plan de facilidades de pago de la deuda que mantenían (la imprenta) con la AFIP y la contratación del Estado Nacional”.
Al momento de analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal consideró que las pruebas en la causa no eran suficientes para corroborar “el supuesto aporte económico que habría desarrollado Jorge Horacio Brito a la maniobra (planteado como agravio de la querella). En ese orden expresó que “se pudo acreditar que los fondos provenían de Raúl Moneta pero no que Jorge Brito hubiera otorgado dinero ni para el levantamiento de la quiebra ni para financiar el giro posterior de Ciccone Calcográfica”.
Así, se planteó que la única imputación que podría subsistir respecto de Brito “versaría en torno al gerenciamiento de Ciccone Calcográfica”. Al analizar ese aspecto, el magistrado expuso que “no puede considerarse como un indicio con mérito suficiente el hecho de que tanto Máximo Lanusse como Francisco Sguera hayan trabajado en el Banco Macro y que esa sea la prueba sustancial para acreditar la conexión de aquéllos con éste, aun cuando la citada entidad financiera sea propiedad de Brito”.
En este sentido, el juez Lijo ordenó una pericia y otras medidas que no fueron suficientes para corroborar a Brito como responsable del “gerenciamiento de la ex Calcográfica”, como planteó el Tribunal revisor.
El magistrado había procesado al banquero como partícipe de las maniobras que posibilitaron la compra de Ciccone,considerando que Brito “se había determinado a ingresar en el asunto -por intermedio de Máximo Eduardo Lanusse y Francisco Martín Sguera- debido a que Boudou estaba atrás del negocio, circunstancia que le aseguraba que se concretarían las etapas que luego, efectivamente, sucedieron”.
Además, había sostenido que allegados, empleados, ex empleados y amigos de Amado Boudou y Jorge Brito “se asociaron en lo que fue la etapa del gerenciamiento de la empresa; utilizando a Máximo Eduardo Lanusse y Francisco Martín Sguera como las personas de confianza de Jorge Horacio Brito”.
Pero los camaristas consideraron que su rol -a lo sumo- habría sido otro, y no sostuvieron la acusación en torno a la inyección monetaria, el aporte personal que habría efectuado Brito, considerando que ello era una “imputación residual”. Esto fue lo que Lijo fijó como “un estándar de prueba superior” y que las pruebas colectadas “no resultan suficientes para sostener, en esta instancia, que Jorge Horacio Brito haya tenido participación en el gerenciamiento de Ciccone Calcográfica una vez que Boudou y Núñez Carmona se apropiaron de la empresa”.
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