La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner denunció este martes la existencia de otra reunión en Casa de Gobierno entre el ex secretario general de la presidencia de
Mauricio Macri, Fernando de Andreis, y agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En un escrito presentado este martes ante el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena a través de su abogado Carlos Beraldi, la Vicepresidenta -en su rol de querellante en el caso- pidió investigar esta reunión, que se sumó a otras informadas al juzgado el viernes último, informaron fuentes judiciales.
“Respetuosamente solicito que se arbitren todas las diligencias que resulten necesarias para constatar la información proporcionada” y “disponer las medidas correspondientes“, pidió Beraldi en el escrito ante el juez que lleva adelante la investigación por presunto espionaje ilegal a funcionarios, ex funcionarios, políticos, periodistas y otras víctimas durante el macrismo.
La Vicepresidenta se presentó como querellante en la investigación de una supuesta asociación ilicita que realizó maniobras de espionaje ilegal desde la AFI.
La reunión se habría concretado en 2016, de acuerdo a la información del registro de ingresos a la Casa Rosada a la que se accede a través del sitio web http://poderciudadano.org/quienes-ingresaron-a-la-casa-de-gobierno-en-los-ultimos-8-anos/ , según detalló el letrado.
Ese encuentro, según esos registros, tuvo lugar el 21 de enero de 2016 entre las 10.21 y las 13.04 en la sede de la Secretaría General de Presidencia de la Nación, cuyo titular durante la gestión de Mauricio Macri fue Fernando de Andreis.
Del encuentro formaron parte Javier Bustos y Jonatan Nievas, quienes según constancias de la causa judicial “habrían prestado funciones en áreas de inteligencia”.
“Asimismo, por la coincidencia horaria, en este encuentro también habría participado, entre otros, Rodrigo Simón”, un integrante de la Policía Metropolitana, se agregó en el escrito.
Según la información que consta sobre anteriores reuniones, se habrían concretado unas doce entre los imputados en el caso Leandro Araque, Facundo Melo y Jorge Sáez con la entonces funcionaria Susana Martinengo, quien estaba encargada del área de “Documentación” de Presidencia.