La Asociación Estatal del Profesorado Asociado de las universidades públicas españolas ha remitido una carta al Ministro de Universidades, Manuel Castells, en la que exige la «dignificación» de su categoría. Los más
de un millar de docentes que suscriben el documento, que también ha sido remitido a los consejeros autonómicos, piden que, dado que, como consecuencia de la Convid-19, muchos profesionales han perdido su trabajo o han tenido que renunciar a su condición de autónomos, «se proceda a la renovación automática de los contratos de profesorado asociado de cara al próximo curso, con el fin de eliminar trámites burocráticos presenciales innecesarios, así como la exigencia de justificar otra actividad laboral externa a la universidad». El colectivo arguye que su cualificación «no se desvanece en caso de destrucción del empleo externo a la universidad». En segundo lugar, esta asociación reclama estabilidad laboral, exigiendo que se cumplan las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a convertir en indefinidos a tiempo parcial los contratos anuales que se renuevan por tercera vez. Cinco euros la hora Por último, la Asociación solicita una remuneración «justa y digna», que contemple las múltiples tareas que ha de realizar un docente para poder desarrollar su labor con solvencia. Los denunciantes mantiene que «actualmente, por impartir 18 créditos (180 horas lectivas más otras tantas de tutoría, aparte de la preparación de las clases y otras tareas burocráticas) —el mejor contrato posible, que puede implicar tener cientos de alumnos y ocuparse de varias asignaturas—, un profesor asociado percibe un poco más de 5 euros la hora». 39 universidades de todo el país Esta carta —que también ha sido remitida a las consejerías autonómicas de universidades— ha recibido el apoyo de más de mil firmas del PDI de diversas categorías (asociado, titular, catedrático) vinculado a 39 universidades públicas de todo el país. Al remitir la carta al ministro Castells, la Asociación Estatal del Profesorado Asociado de las universidades públicas le ha recordado su interés por realizar aportaciones en el proceso de elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador, actualmente en curso. La entidad lamenta que —pese a las diversas peticiones de entrevistas— el Ministerio de Universidades no haya contado con ella para reformular la política de profesorado, máxime cuando el personal asociado está integrado por cerca de 33.000 docentes (datos del curso 17/18), lo que supone entre el 30% y el 40% del total de la plantilla docente de las universidades públicas españolas. Según la Presidenta de la Asociación, Isabel de la Cruz, «esta iniciativa surge tras muchas peticiones de atención al problema ignoradas por las autoridades competentes, y —de no cambiar la situación— es el preámbulo de movilizaciones del colectivo a comienzos del curso próximo, que podrían derivar en una huelga del sector».
FUENTE DIARIO ABC: